Madrid. El juez de la Audiencia Nacional de España, Manuel García-Castellón, decidió abrir una investigación como imputados por una serie de delitos por “terrorismo” contra el ex presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), a los que, según un informe de la Guardia Civil, sitúa en el liderazgo de la revuelta popular del año 2019 y que protagonizaron una serie de ciudadanos y organizaciones en torno a la plataforma Tsunami Democrático.
La imputación coincide en el tiempo con las negociaciones abiertas para lograr la mayoría necesaria para la investidura del socialista Pedro Sánchez, quien precisamente está dialogando con Puigdemont y ERC para sellar su reelección en el cargo de presidente del gobierno.
El auto judicial lo dio a conocer el propio magistrado, quien tiene en contra el criterio de la Fiscalía General del Estado y de los fiscales de Audiencia Nacional que instruyen el caso, que incluso anunciaron que presentarán un recurso contra la decisión del juez, en consonancia con la estrategia de los abogados del propio Puigdemont y de Roviro, el primero residiendo en Bruselas desde año 2017 y la segunda en Suiza, desde el 2018, precisamente para evitar que fueran juzgados por los tribunales españoles.
La imputación del juez español también afecta a destacados líderes del separatismo catalán y personajes muy próximos a Puigdemont, como Josep Lluís Alay, Xavier Vendrell, exconsejero de la Generalitat y exdirigente de ERC; a los empresarios Oriol Soler y Josep Campmajó; y a Marta Molina, que ocupó cargos dentro de ERC.
A todos ellos les investigan basándose en el citado informe de la Guardia Civil, en el además se identifican una serie de reuniones en Ginebra para desarrollar la estrategia de actos de sabotaje a las infraestructuras públicas en Cataluña a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo en el 2019 contra los líderes separatistas que sí fueron juzgados por su participación en la declaración unilateral fallida de independencia de octubre del 2017.
Esta paso adelante de la justicia española contra los líderes independentistas catalanes coincide con las negociaciones abiertas para la investidura de Sánchez, que se están llevando a cabo en Bruselas y que según ambos partidos, el PSOE y JxCat, están a punto de sellar el pacto a la espera de solucionar una serie de “problemas técnicos”. El principal escollo es precisamente el sentido de la ley general de amnistía que pretende aprobar el futuro gobierno y con la que absolvería todos los delitos investigados en la causa abierta en la Audiencia Nacional.
Puigdemont calificó la maniobra de la justicia española como “un golpe de Estado permanente y una demostración más de que sí existe la guerra judicial y el lawfare contra el secesionismo. Mientras no cierren la puerta que abrió el rey con el discurso del 3 de octubre, siempre se sentirá hedor de alcantarilla”, afirmó el líder catalán.
