La caravana de 2018 que logró conducir a cerca de 7 mil personas desde el río Suchiate, en Chiapas, a Tijuana, Baja California, fue un fenómeno sin precedentes en la historia de la migración. Los caravaneros recorrieron más de 3 mil kilómetros a pie, en autobús y por otros medios motorizados.

Fue la primera de varias, ahora, paradójicamente, se inician en territorio mexicano, en el tapón de Tapachula, Chiapas. Las caravanas suelen cumplir objetivos para luego dispersarse y después llegar en diferentes grupos a la frontera.

Por su parte, los migrantes haitianos demostraron, en septiembre de 2021, que se podía llegar de manera silenciosa y ordenada a Ciudad Acuña, concentrar a más de 10 mil personas para luego cruzar el río en un solo día y establecer su campamento en territorio estadunidense. En 2023, miles de venezolanos intentaron atravesar el puente en Ciudad Juárez y fueron rechazados, pero finalmente encontraron vías por las cuales pudieron pasar y entregarse a las autoridades.

Los migrantes irregulares dejaron de ser clandestinos, operan a cara descubierta, en grupos numerosos y exigen y reclaman el libre tránsito hasta la frontera. En una isla del Río Bravo, los venezolanos plantaron su bandera y exigían reconocimiento por parte de las autoridades.

En estos años el migrante ha demostrado tener un carácter disruptivo, exige que se respeten sus derechos, pone el cuerpo por delante, tiene argumentos y avanza grupalmente de manera determinada, a pesar de los riesgos. Los reclamos imprudentes, como en el albergue de Ciudad Juárez, cuando prendieron colchones, les pueden costar la vida, sobre todo cuando se dan situaciones de alta incompetencia por parte de los custodios y personal a cargo.

Por su parte, el gobierno de México, también ha roto con el orden establecido, imponiendo o negociando políticas disruptivas y que van en contra del derecho internacional, la seguridad y la soberanía nacional. Los acuerdos en lo bajito entre Marcelo Ebrad y Mike Pompeo sobre el programa Quédate en México (MPP en inglés), por razones supuestamente humanitarias, fueron convenios en contra de la soberanía nacional, porque esos migrantes extranjeros ya no estaban en el territorio. Tampoco es aceptable la aplicación del Título 42, de deportación en caliente de extranjeros por una ley de sanidad de otro país. Para rematar, se firmó el acuerdo de devolución de 30 mil migrantes mensuales de cuatro nacionalidades. En el caso de los cubanos, carece de toda lógica, porque durante 70 años Estados Unidos favoreció el refugio irrestricto de cubanos y generó con su política el efecto llamada.

Si México tiene que deportar a extranjeros, puede hacerlo de manera soberana, no tiene que dejarlos pasar hasta la frontera norte para luego recibirlos de retache y deportarlos, porque los del otro lado no pueden o no quieren hacerlo. ¿A cambio de qué? ¿De unas cuantas visas temporales?

Finalmente, Estados Unidos también va en contra de sus propias leyes en cuanto a refugio. Cualquier extranjero que solicite refugio en su territorio y se entregue a las autoridades tiene derecho a que se considere su caso, no tiene por qué esperar en México y tampoco debe ser rechazado de manera inmediata. Incluso la nueva disposición de hacer el trámite en línea (CBP One) va en contra de la normativa. La saturación del sistema legal es un asunto de presupuesto que se puede arreglar en el congreso, igualmente las deportaciones.

No obstante, la práctica más disruptiva y aberrante, por parte de la administración Trump, fue la de separar a más de 500 niños de sus padres. Esta medida va en contra de los derechos fundamentales del niño y de las familias migrantes. Peor aún, la separación se hizo de manera tan apresurada y sin controles que después no se pudo localizar a los niños que estaban dispersos en múltiples albergues.

Se ha generado un clima de tensión regional por los flujos masivos de migrantes que transitan por el continente con recursos escasos y por países que viven en un equilibrio precario, que no tienen protocolos de atención establecidos y políticas claras. Las tensiones en Chile, Perú y Ecuador, con migrantes venezolanos, re-percuten meses después en Panamá, México y Estados Unidos, donde tampoco hay políticas claras.

Las tensiones en Tapachula muestran sus efectos meses después en la frontera norte. ¿Es forzoso que a decenas de miles de personas migrantes se les deje pasar, por varios países, para que simplemente se topen con el muro, la puerta cerrada?