Como todos los desastres de gran trascendencia, el impacto del huracán Otis sobre la costa central de Guerrero ha desatado muchos reportes periodisticos, análisis académicos y posicionamientos políticos, amén y sobre todo, la acción de las poblaciones afectadas por la severa devastación que este fenómeno natural ocasionó a los habitantes de esta emblemática región del país.
Destaca la actitud de la mayoría de la prensa y los tuiteros, del todo desaseada, que magnifican hasta grado indecible la desgracia y hablan de una ineptitud gubernamental de manera interesada y con poco sustento en la realidad. Vale la pena adelantar algunas consideraciones de lo ocurrido y lo que aún sucede.
En México, a diferencia del paradigmático desastre de 1985, actualmente tenemos un desarrollo notable en los estudios de desastres en las ciencias sociales. Hemos podido comprender, por ejemplo, las vías para encontrar responsabilidades en cada caso que analizamos y en cada proceso involucrado en la configuración propia del desastre.
Al conocer el programa de atención a la emergencia y rehabilitación, como parte de la fase de recuperación, que presentó López Obrador para la población de Acapulco y Coyuca de Benítez, encontramos que marca una diferencia sustancial con los gobiernos anteriores: amplia asistencia directa a los damnificados a través de adelantos en las entregas e incremento en el volumen de programas sociales, prioridad en el reparto de la ayuda a los más necesitados y en menor medida a los de mayores recursos; auxilio directo a los afectados, sin intermediación de organizaciones no gubernamentales ni empresas privadas. No se observa el escenario para los grandes negocios público-privados que se suscitaron a partir del desastre ocasionado por el huracán Paulina, en 1997, diseñados por el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo. Con él se inventó la edificación de unidades habitacionales para reubicar a los damnificados, hechas con diseños completamente inadecuados para los pobladores afectados, casi todos lugareños de regiones del trópico húmedo: diminutas, sin ventilación adecuada y aglomeradas de manera indeseable para los campesinos que requerían mayor espacio y sitio para sus animales y aperos de labranza. Esta política se desplegó hasta llegar al diseño de las llamadas ciudades rurales, proyectos de reubicación diseñados con o sin desastre, promovidos por los gobiernos, con apoyo de la iniciativa privada, sobre todo por Fundación Azteca, al frente de la cual estaba el actual embajador de México en Estados Unidos. Se puede hacer un recorrido por todas la unidades habitacionales hechas con este propósito y se verá que o no se ocuparon o se transformaron en bodegas inhabitables para personas. Pero, eso sí, produjeron pingües ganancias a muchos funcionarios gubernamentales y sus socios particulares.
Un caso emblemático, pero igualmente impune, fue la “reconstrucción” de las poblaciones afectadas por un fenómeno meteorológico en 1999 en la Sierra Madre Oriental. Los gobernadores de los estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo constituyeron una empresa para edificar esas unidades habitacionales; cobraron para ello unos 8 mil millones de pesos, pero no hicieron nada. Hubo que erogar, una vez que dejaron sus cargos, otra cantidad similar para hacer los trabajos de atención habitacional a los damnificados.
La administración pública federal se ha comprometido con acciones para recuperar y avanzar en el desarrollo de los principales centros de población afectados. Se disponen recursos del fondo de desastres, pero no del Fonden, que inspiró grandes fraudes. Sólo recordemos los malos manejos de su entonces “fondo revolvente”, que llevó a la inhabilitación en 2007 de la entonces coordinadora de protección civil, panista. El esquema actual de recuperación del desastre (se le llamaba tradicionalmente de reconstrucción) muestra un diseño consensuado para superar las condiciones de destrucción de Otis. No reproduce a las “comisiones de reconstrucción” que conformaban el ámbito cerrado de negocios y participaciones. Los desastres nos recuerdan esas características peculiares, son destrucción, pero también son “oportunidades de desarrollo”. Es larga la lista de acciones indecentes hechas por funcionarios y sus socios aprovechando la desgracia humana.
En tanto avanza la recuperación no podemos dejar de señalar las deficiencias del denominado sistema de alerta temprana para ciclones tropicales (SIAT-CT) que ayudamos a impulsar en 1999, pero que no logró una configuración adecuada para poner en el centro de su funcionamiento a la población en riesgo. Es un sistema absolutamente deficiente y dependiente del exterior.
Ahora bien, como conclusión de esta fase de atención gubernamental al desastre desatado por Otis, si bien es de reconocer lo aquí mencionado, falta un buen trecho para saber si lo que se propuso se realiza, y si la 4T se atreve a rediseñar el Sistema Nacional de Protección Civil, dando a la prevención estructural la importancia que merece, no transfiriendo a la naturaleza o al cambio climático las causales de los desastres, sino a la construcción de vulnerabilidad frente a fenómenos naturales o antropogénicos que generan los riesgos que luego se vuelven calamidades.
*Investigador del Ciesas-México
**Director del Cupreder-BUAP
