El juez de control José Rivas González le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria al ex titular de la entonces Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, dentro del proceso penal que se inició en su contra por delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia, todo ello relacionado con la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, durante la audiencia que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal, en el Reclusorio Norte, se tomó dicha resolución por su edad avanzada y su deteriorado estado de salud. Por ello el juez de control ordenó que la prisión preventiva la pueda llevar en su casa de Lomas de Chapultepec e impuso medidas adicionales, entre ellas, la colocación de un brazalete electrónico.

No obstante, el ex funcionario, quien se encuentra en la Torre Médica de Tepepan desde el 30 de junio pasado, continuará en prisión debido a que enfrenta un segundo proceso penal por delitos de tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos en agravio de Felipe Rodríguez Salgado El Cepillo, presunto miembro de Guerreros Unidos.

Al respecto, el presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj), Arturo Medina Padilla, condenó que se haya emitido dicha determinación en un día inhábil, “de manera similar a los ‘sabadazos’, un procedimiento que no es el más adecuado, pues viola el curso regular de la justicia”.

Lamentó que el juez de guardia se haya aprovechado del sistema de turnos para evadir la determinación del juez Edmundo Manuel Perusia, que es el titular y quien conoce la causa, y que se haya fijado la audiencia con una rapidez inusitada, de tres horas.

Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, sostuvo también que la decisión del togado manda un mensaje que podría avanzar hacia la impunidad, al tiempo que enfatizó que no obstante con ello no se exonera de cargo alguno a Murillo Karam.

En un comunicado, indicó que según lo informado por la Fiscalía General de la República, en la audiencia el juez no prestó atención al análisis de riesgo procesal, que concluye que el riesgo de sustracción es alto, ni a los resultados de las siete entrevistas a distintos médicos que han atendido al ex procurador, en las que aseguran que su estado de salud es estable.

La Covaj afirmó que dará seguimiento a la impugnación que presente la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa y solicitará que se interponga una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal por el actuar del juez.