En la justificación del recorte por 13 mil 262 millones de pesos a los poderes Judicial y Legislativo, así como a los órganos autónomos, el proyecto de dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 estima que el Instituto Nacional Electoral (INE) no realizará la consulta popular para la que pidió de manera precautoria 3 mil 528 millones de pesos.
Recuerda que la fecha límite para presentar la petición de dicha consulta es el 30 de noviembre del año inmediato anterior al que se pretenda realizarla. Sin embargo, a la fecha no se observa en el panorama político un impulso por llevarla a cabo, por lo que considera prudente reducir los recursos solicitados para ello.
También explica que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) demandó 3 mil 888 millones de pesos, de los cuales 2 mil 788 son para su presupuesto base, 56.6 para proyectos específicos y mil 44 para el proceso electoral del próximo año, montos que significan un incremento de 24.6 por ciento en términos reales respecto a 2023.
Si bien es cierto que en 2024 habrá un proceso comicial importante, considera que el TEPJF se encuentra en posibilidad de fortalecer los principios de austeridad y racionalidad del gasto público, especialmente considerando que ya cuenta con las capacidades institucionales para resolver las controversias en materia político-electoral.
De manera específica, el proyecto estima viable realizar ajustes en partidas que no resultarían indispensables para sus actividades, como productos alimenticios, materiales de reparación, gasto de orden social o mobiliario.
Respecto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señala que es posible reducir partidas que cubren requerimientos de mandos superiores, como erogaciones en alimentación, telefonía celular, pensiones de estacionamientos y arrendamiento de vehículos, tomando en cuenta que la institución cuenta con sus propios automotores.
Argumenta que algunos de estos gastos son superfluos e innecesarios, especialmente si se recuerdan las prestaciones y sueldos otorgados a esos mandos. Destaca que no son indispensables para el cumplimiento de las funciones de la SCJN.
Apunta que la institución pidió un alza real de 635 por ciento para el capítulo 500, referido a bienes muebles, inmuebles e intangibles, a fin de modernizar el equipo del Canal del Poder Judicial de la Federación.
Sin embargo, en el documento se considera que el aumento solicitado es excesivo y que este proyecto no es indispensable para su funcionamiento, por lo que considera viable disminuir la propuesta en este rubro.
Sobre el Consejo de la Judicatura Federal, le recomienda también reducir diversos gastos de beneficio para mandos superiores, como alimentos, telefonía celular y pensiones de estacionamiento, dado que no son necesarios para su operación.
