Al gobernador de Nuevo León se le ha visto declarando su voluntad de permanecer al frente del gobierno del estado durante todo el sexenio correspondiente, con mayor frecuencia que cuando lo afirmó cuando era candidato al cargo y en sus primeros meses ya en él.
Con declaraciones espectaculares, desplantes y gestos sobreactuados a lo largo de su campaña, el candidato a gobernador, Samuel García logró el triunfo electoral. Se hizo de dos punching bags a los que tundió con fuerza: Jaime Rodríguez, El Bronco, su predecesor en el gobierno del estado, y lo que él ha llamado “la vieja política”. A El Bronco le criticó pedir licencia para lanzarse como candidato a la presidencial en contradicción con el compromiso que había hecho de mantenerse en el puesto todo su periodo. También le criticó el mal gobierno que había hecho. La crítica la llevó a la acción y propició el encarcelamiento del desparpajado personaje. A la vieja política le encontró protagonista en la mayoría (PAN-PRI) del Congreso de Nuevo León, con el que ha mantenido una enconada pugna desde hace más de un año.
En las bardas de visibles calles y avenidas de Monterrey apareció al iniciar octubre una leyenda: “Soñemos con un presidente regio” o bien, “Soñemos con un presidente norteño”. Casi no ha habido deslinde entre las fórmulas y tono de la campaña electoral del gobernador García con su ejercicio de gobierno: mercadotecnia a pasto y anuncios estentóreos de un peso, con cinco, 10 centavos de realidad.
En su búsqueda de la candidatura a la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, al gobernador neoleonés se le ha hecho objeto de numerosas críticas y befa incisiva por incurrir en aquello que él ha criticado. Fue el único diputado local que votó en contra de dar licencia a El Bronco para asumirse como candidato presidencial en 2018.
El apremio por involucrarse en el proceso electoral del próximo año, como si ya tuviera la candidatura de su partido en la mano, precipitó a Samuel García y omitió –según su costumbre– formas y procedimientos legales. En una sesión reciente del Congreso, varios diputados de la mayoría opositora le señalaron haber presentado ante las autoridades judiciales en materia electoral una documentación apócrifa en la que señalaba la negativa del Legislativo a otorgarle la licencia que solicitaba alegando el atropello a sus derechos políticoelectorales. Esa documentación, debidamente acreditada, nunca la hizo llegar al Congreso por las vías legalmente establecidas. Y tales solicitudes, que así parecía entenderlo, no se otorgan automáticamente. Y tampoco con suficiente lógica legal, como lo ha hecho ver Diego Valadés. Esas licencias debieran cubrir todo el proceso electoral: desde el inicio de las campañas hasta “el dictamen y declaración de validez de la elección”.
En varias de sus obligaciones, como solicitar permisos para salir al exterior, publicar decretos en el Periódico Oficial del Estado (el rezago es aún de unos cincuenta), entregar recursos a los municipios que por ley les corresponden, presentar su informe anual al Congreso, de acuerdo con la Constitución reformada a iniciativa suya, el gobernador García ha sido omiso. No así –al contrario– para atacar a sus opositores. Uno se quejó de haber amanecido con una carga de basura en su casa; otro, de que a un familiar cercano le habían cortado injustificadamente el agua.
Finalmente, el gobernador García pidió formal licencia al Congreso por seis meses y en el mismo documento señaló al secretario general de Gobierno para ocupar su cargo de manera interina. De acuerdo con el artículo 89 de la Constitución del estado, si “la licencia fuera por más de 30 días o en caso de impedimento del gobernador debidamente comprobado, el Congreso o la diputación permanente, en su caso, nombrará al ciudadano que se encargue interinamente del Poder Ejecutivo”. Indudable es la claridad del mandato constitucional.
Acto seguido, el Congreso designó al panista Arturo Salinas Garza, presidente del Tribunal Superior de Justicia, gobernador interino y éste, luego de pedir licencia, rindió protesta al asumir tal función. Sin embargo, y aquí también la mayoría en el Congreso se precipitó. El artículo 102 del mismo texto constitucional establece que ningún servidor público o empleado del Poder Judicial podrá tener cargo o empleo alguno del gobierno o de particulares”, salvo en actividades científicas, literarias o de beneficencia. “Los impedimentos de este artículo serán aplicables a los servidores públicos del Poder Judicial que gocen de licencia.” Tampoco parece haber duda.
Así que la ausencia de gobernabilidad que ha caracterizado a Nuevo León desde hace ocho años tiene un amplio horizonte contrario a los grandes problemas que enfrenta su sociedad: una inequitativa distribución del agua (escasa), precaria vialidad, inseguridad creciente, un ambiente tóxico rayano en lo letal, por señalar algunos de los más visibles. Y todo por las cambiantes vestimentas electorales de sus gobernantes, según lo mencionó una diputada en relación con el cuento de Andersen.
