Alrededor de 5 mil personas provenientes, en su mayoría, de Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Haití y Cuba partieron el lunes de la ciudad fronteriza de Tapachula con el doble propósito de alcanzar el territorio estadunidense y, en el camino, hacerse visibles a las autoridades mexicanas. De acuerdo con los migrantes y organizaciones que los acompañan, esta nueva caravana se realiza debido a las dilaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) para otorgarles permisos de tránsito y otros documentos que requieren para tomar autobuses y moverse con apego a las normas a través de México.
Los integrantes de la movilización, que en tres días y 45 kilómetros de recorrido habría crecido hasta sumar 8 mil personas, refieren que sus circunstancias son desesperadas, pues deben esperar entre seis meses y un año para obtener papeles migratorios, en una zona donde no hay empleo ni apoyos para ellos. Asimismo, indican que su contingente es apenas una muestra de los más de 100 mil migrantes que se quedaron atrás a la espera de que su estancia sea regularizada.
Las demandas de la más reciente caravana migrante imponen dos consideraciones. Por una parte, las autoridades locales y federales tienen que atender el clamor de auxilio y proveer todo lo necesario a fin de garantizar la vigencia de los derechos humanos de los extranjeros, ya sea que pretendan quedarse aquí (caso de una minoría) o que hayan llegado a México como última parada en su periplo hacia el sueño americano. Es cierto que en estos momentos la devastación causada por el huracán Otis absorbe las capacidades logísticas, materiales y humanas de la administración pública federal, pero no puede negligirse una tragedia para responder a otra, máxime cuando ignorar a estos grupos los deja en la indefensión y los expone a extorsiones, secuestros, agresiones sexuales y otros ataques del crimen organizado.
Por otro lado, los migrantes deben cobrar conciencia de que recibir los documentos que exigen a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el INM tendrá una influencia muy limitada en sus perspectivas de ingresar a Estados Unidos, emplearse allí y reunirse con sus familiares: poco o nada puede ayudarles México en la consecución de este objetivo, puesto que el mayor obstáculo a sus deseos se encuentra en la política antimigrante del gobierno federal estadunidense y, sobre todo, de administraciones estatales controlados por el Partido Republicano que han hecho de la xenofobia y el miedo inducido a una supuesta invasión
de indocumentados su principal bandera política y caballo de batalla electorero.
En este sentido, las personas y organizaciones que persuaden a los viajeros desesperados de que la falta de colaboración de las autoridades mexicanas es la única o principal dificultad para ingresar a Estados Unidos actúan de manera irresponsable e incluso criminal, pues exponen a los migrantes a todos los peligros que supone el cruce hacia el norte, desde las barreras flotantes instaladas en el río Bravo hasta los grupos extremistas de vigilantes armados, pasando por las alambradas de púas y las fuerzas policiales que ya han jalado el gatillo contra las personas que son sorprendidas en la frontera. Es preciso recordar que el gobierno ultraderechista del texano Greg Abbott ordena a los agentes de la policía fronteriza empujar de vuelta al río a toda persona sorprendida en el intento de cruzarlo, incluidos niños pequeños y bebés que son amamantados por sus madres.
En suma, es sabido que la crisis migratoria no podrá resolverse mientras sea objeto de mezquinos cálculos electorales y de posturas racistas e intransigentes entre la clase política y un importante sector de la población estadunidense, pero la inhumanidad imperante en ese país no puede ser pretexto para desatender a quienes requieren la protección del Estado. Al mismo tiempo, ha de denunciarse la falta de escrúpulos de quienes manipulan a los migrantes y les hacen creer que basta con llegar a la frontera entre México y Estados Unidos para ser recibidos por Washington.
