Madrid. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) pretende iniciar este mismo jueves los trámites para legislar la nueva ley general de amnistía a los independentistas catalanes que participaron en el proceso de declaración unilateral de secesión de octubre del 2017, en el que se incluirán desde los delitos de sedición, malversación y los tipificados como actos “terroristas”. Sin que todavía se haya presentado el texto, un grupo de ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano rector de los magistrados y jueces, solicitaron que se lleve a cabo un pleno extraordinario en el seno de la institución para analizar lo que consideran será la “abolición del Estado de derecho en España”.
El presidente del gobierno en funciones y aspirante a la reeleción en el cargo por el PSOE, Pedro Sánchez, ya autorizó la presentación de una iniciativa ley en el Parlamento, que tan sólo está a la espera del visto bueno de Junts per Catalunya (JxCat), la fuerza política liderada por el ex presidente Carles Puigdemont, y que ya fue validada tanto por el socialismo español como por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a través del actual mandatario catalán, Pere Aragonés. Previsiblemente el texto se presentará este mismo jueves, para acelerar la tramitación y permitir así que la sesión de investidura de Sánchez se celebre en unos días, que algunas fuentes confirman de forma extra oficial que será el 7 y el 8 de noviembre. Es decir, que en los próximos seis días el presidente Sánchez tendrá que cerrar sus futuros pactos parlamentarios y de investidura con los nacionalistas vascos, gallegos y catalanes, que a la postre se convertirán en sus aliados estratégicos para los próximos cuatro años.
Los movimientos políticos y judiciales en el entorno de la derecha se están agudizando ante lo que ya todos asumen como una inevitable investidura de Sánchez, de ahí que los ocho vocales conservadores del CGPJ solicitaron un pleno extraordinario para oponerse frontalmente a la futura ley general de amnistía. Incluso firmaron una declaración institucional en la que cuestionan la estrategia de Sánchez de sellar un pacto con el nacionalismo catalán con la ley de amnistía como base: “Hacerlo exceptuando la aplicación de la ley para impedir la acción en curso de los tribunales o dejar sin efecto la que ya se hubiese producido mediante sentencias firmes, convirtiendo en papel mojado esas sentencias, es algo rotundamente incompatible con el principio de Estado de derecho en el que, nuevamente según el artículo 1 de nuestra Constitución, se quiso constituir España y efectivamente se constituyó… al menos hasta ahora”.
