Ciudad de México. Desde mañana, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) operará solo con cinco de las siete magistraturas que la integran, pues concluyó el periodo de Indalfer Infante y José Luis Vargas, quien en la sesión de despedida acusó “presiones” y “amenazas” en su labor.

En la opinión pública se le ubica como aquel juez electoral acusado de enriquecimiento ilícito e irregularidades por más de 30 millones de pesos, pero en su último día, Vargas aseguró que todo aquello fue producto de una “burda campaña de ataques y persecución que hasta la fecha sigue impune”.

Sostuvo que las resoluciones firmes acreditan que su patrimonio y el de su familia “son absolutamente lícitos y se deben únicamente a nuestro trabajo”, por lo que a quienes lo acusaron (y le colgaron el mote de ‘magistrado billetes’) les auguró que “su infamia los perseguirá toda la vida”.

En otro tono, Vargas se refirió al encontronazo que tuvieron en 2021, en la integración de la Sala Superior, cuando el era Presidente; la lucha intestina alcanzó tal nivel que debió entrar la Suprema Corte a poner orden. En el mea culpa solo dijo que no tuvo capacidad para generar unidad.

Para los partidos de oposición, Vargas fue un magistrado que se inclinó en favor de la 4T; para sustentar ese criterio mencionan distintos expedientes, en particular aquel que propuso, sin éxito, avalar la candidatura de Félix Salgado, al gobierno de Guerrero.

Aun cuando fue sesión solemne no estuvieron para esta despedida los magistrados Janine Otálora ni Felipe de la Mata.

De hecho, últimamente es raro que estén presentes los siete de esta Sala Superior.

Este martes, la primera en tomar la palabra fue Mónica Soto, quien solía coincidir en criterios – y votos- con Vargas, a quien llamó “amigo entrañable”; repasó los siete años recientes y no omitió hablar de la “devastación” referida de esta Sala Superior.

Dos vacantes

Si bien el TEPJF, máxima instancia de decisión en materia electoral, hace quórum con la asistencia de cuatro magistrados, y por tanto no está en riesgo su operación, toca al Senado resolver el asunto de las vacantes, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya le entregó las dos ternas, una integrada solo con hombres y la otra con mujeres.

A ese trabajo pendiente del Legislativo se añade también la consecuente vacante que dejó Gabriela Villafuerte, en la Sala Regional Especializada, así como otros espacios de cinco salas regionales, del TEPJF. Igualmente faltan designaciones en muchos de los tribunales estatales electorales del país.

La relevancia de la Sala Superior estriba en que sus decisiones son definitivas e inatacables y entre sus principales funciones está la de calificar (validar) la elección de la Presidencia de la República. Para ese fin, a realizarse en septiembre próximo, la norma marca que deben ser seis los magistrados presentes. En el eventual caso de que para entonces el Senado todavía no decidiera, para esa sesión se llamará al magistrado decano de las salas regionales.