En una mañanera reciente el presidente López Obrador celebró que Grupo México buscara un acercamiento con el gobierno federal para dialogar sobre la contaminación del río Sonora. Reveló que la Secretaría de Gobernación recibió un escrito de la empresa propiedad de Germán Larrea, segundo hombre con mayor fortuna del país, con la intención de establecer un diálogo y buscar una solución al problema de la contaminación del río. Aclaró el mandatario que “ahora no se debe simular, lo que se hizo la vez pasada, cuando nada más salieron al paso porque era una tragedia, es algo gravísimo, y con el apoyo y la complicidad de las autoridades le dieron prácticamente carpetazo”.

De lo que se trata el “diáologo” es revisar los estudios que hizo la Secretaría de Medio Ambiente sobre la grave contaminación ocasionada el 6 de agosto de 2014 por el derrame de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado (CuSO4) en el arroyo Tinajas y que luego fluyeron a los cauces de los ríos Bacanuchi y Sonora. Provenían de la mina Buena Vista del Cobre, filial de Grupo México, propiedad de Larrea, y dedicada a la extracción de cobre y molibdeno. Es el mayor desastre ambiental en la minería del país. Para cualquier especialista y funcionario enterado del tema, nada hay que revisar, simplemente cumplir lo ordenado por las autoridades federales: hacer justicia y remediar los daños que ocasionó la grave contaminación del río a la salud de miles de habitantes de la región, a su patrimonio y al ambiente.

Pero vivimos un mundo de simulaciones del que no escapa este sexenio, pues nueve años después de esa tragedia, la empresa opera sin un plan de manejo de residuos peligrosos, pese a las promesas hechas durante el sexenio de Enrique Peña y el actual. Y los causantes de la tragedia siguen cubiertos por la impunidad.

Las organizaciones sociales de la región presentaron en agosto de 2022 un balance sobre las afectaciones por ese derrame tóxico. Allí documentan una exposición homogeneizada a metales pesados en personas de ocho municipios de la cuenca. Como altos niveles de plomo, cadmio, arsénico y manganeso. Rebasaron los límites establecidos en la norma oficial mexicana 127- SSA1-1994 y la calidad del agua. Todavía persiste la presencia masiva de dichos metales en habitantes de distintos puntos de la cuenca. Las afectaciones económicas para el estado y sus habitantes superan 10 mil millones de pesos.

Los tóxicos recorrieron 17.6 kilómetros del arroyo Las Tinajas, 64 del río Bacanuchi y 190 del Sonora, hasta llegar a la presa El Molinito que abastece de agua potable a parte de Hermosillo. Atravesaron desde Cananea los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Baviácora, Aconchi y Ures, hasta llegar a la zona rural de Hermosillo. Por la tardía reacción oficial y de la empresa, los 22 mil 878 vecinos de 38 localidades de esos municipios y algunas zonas rurales de Hermosillo, consumieron y se bañaron con agua envenenada.

La investigación más completa de lo ocurrido en 2014 y en años posteriores es del doctor José Luis Moreno, presidente de El Colegio de Sonora. En su libro Acaparamiento y deterioro del agua en el noreste de Sonora. El caso de la mina de Cananea, 1899-2020, detalla la historia del mineral de Cananea y su relación con las fuentes de agua desde 1899.

El problema persiste y ha hecho de Cananea un símbolo de lucha social, laboral y ambiental. Y prueba de ello es que el pasado 21 de octubre 300 integrantes del Frente Unido Río Sonora bloquearon cinco puntos de acceso a la mina Buenavista del Cobre, que forma parte de Grupo México, para exigir al gobierno federal cancelar la concesión a este yacimiento; remediar los daños a las víctimas del derrame de tóxicos en 2014 y se dé solución a los obreros de la sección 65 que permanecen en huelga desde 2007, tras la violación a su contrato colectivo.

Resulta incongruente, absurdo y una ofensa a los afectados por el derrame, encargarle a la titular de Gobernación, Luisa María Alcalde, la revisión del problema ambiental causado por Cananea del Cobre hace nueve años. Antes, como secretaria del Trabajo, brilló por su mediocridad y por no defender los intereses del sector laboral.