Un grupo formado por militares, policías, ministerios públicos y personal de protección civil de los tres niveles de gobierno realizará actividades -durante cinco días- para localizar a tres miembros de la familia Alvarado Espinoza desaparecidos por militares en diciembre de 2009, en la zona noroeste del estado, actividad que fue ordenada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) desde el 28 de diciembre del 2018.

La Fiscalía General del Estado informó que con la finalidad de dar continuidad a la sentencia emitida por la Corte IDH en torno al “Caso Alvarado Espinoza y Otros vs México”, implementaron un operativo en la zona noroeste del estado donde desaparecieron estas personas.

Las acciones de búsqueda se llevan a cabo en los municipios de Nuevo Casas Grandes, San Buenaventura, Janos y Ascensión.

Formaron un equipo de trabajo en el que participan los grupos multidisciplinarios de la Comisión Nacional y Local de Búsqueda, el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Unidad de Investigación de Homicidios de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, representantes de la Delegación de Protección Civil y efectivos de la Guardia Nacional.

El rastreo inició en el lugar conocido como Laguna Grande ubicada en el municipio de Casas Grandes, en donde se utilizaron motos acuáticas y un dron sumergible para la inspección del cuerpo de agua.

Para las actividades terrestres se trabajó con drones aéreos y cuatrimotos, así como con el equipo de georradar, a efecto de documentar las condiciones del terreno, para posteriormente analizar los puntos de interés con el apoyo de varios elementos caninos.

Dentro de los primeros trabajos, se logró documentar la cartografía y el mapeo de la laguna y las zonas aledañas que se han inspeccionado hasta el momento, descartando la presencia de hallazgos que pudieran tener algún interés criminalístico.

El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) informó que hace dos años la Corte IDH notificó la sentencia condenatoria al Estado mexicano por la desaparición forzada de Niza Paola Alvarado y sus primos José Ángel y Rocío Irene Alvarado en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, en la zona noroeste del estado de Chihuahua y por la excesiva burocracia y la falta de una coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y otros funcionarios no la han cumplido, por lo que pidieron a la Corte una nueva audiencia.

Este caso ocurrió el 29 de diciembre de 2009 contra los tres trabajadores de una empresa maquiladora de Ciudad Juárez que acudieron a Buenaventura a visitar a sus familiares y luego de ser detenidos por militares, desconocen su paradero y el caso sigue en completa impunidad.

La CEDEHM dice que “la sentencia de la Corte IDH era una oportunidad propicia no solo para brindar una reparación integral a las familias sino para que el Estado mexicano adoptara medidas estructurales relacionadas con la militarización de la seguridad, la creación de un registro único de personas desaparecidas, la capacitación de fuerzas de seguridad y el compromiso expreso de que esos hechos no se repitieran a partir de un acto de reconocimiento de responsabilidad”.

Las tres desapariciones se dieron en el contexto de la implementación del Operativo Conjunto Chihuahua y la lucha contra el crimen organizado en México de 2008 a 2011.

El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte fue coadyuvante en este caso donde la resolución dada a conocer mención que “la CIDH encontró al Estado mexicano internacionalmente responsable por la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Roció Irene Alvarado Reyes, las cuales se produjeron en el contexto de la implementación del Operativo con la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad”

“La Corte también encontró al Estado responsable por la falta de debida diligencia y plazo razonable en las investigaciones de los hechos. Asimismo, el Estado violó su deber de garantía respecto de los familiares que se vieron obligados a desplazarse, sufrieron amenazas y hostigamientos”.

El Tribunal internacional en el informe enviado a las autoridades mexicanas y a las ONG, familiares de las víctimas y público informa que “se constató que el incremento en la participación del Ejército en las labores de seguridad ciudadana fue un patrón constante en México desde el año 2006. En dicho escenario, el empleo de las fuerzas castrenses en la lucha contra la delincuencia se convirtió en una práctica Recurrente”.