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México SA

30 de octubre de 2023 07:50

Desde el primer momento, el auxilio y la ayuda fluyen para atender las urgencias de los municipios devastados por Otis, especialmente al puerto de Acapulco, donde parece no haber quedado una palmera en pie. En un reporte actualizado, el gobierno federal informó que hasta ahora el número de víctimas humanas asciende a 48 muertos y seis desaparecidos, y es de esperar que el saldo se incremente según avancen los trabajos de rescate y reconstrucción.

Los damnificados son la prioridad y tanto el gobierno federal como miles de mexicanos solidarios los auxilian. La reconstrucción llevará tiempo e implicará multimillonarios recursos que de inmediato deben fluir. El presidente López Obrador ha informado que 18 mil millones de pesos están disponibles, más seguros catastróficos y otros mecanismos de ayuda para enfrentar la emergencia: cuando el pueblo de México necesita apoyo se puede utilizar todo el presupuesto público, no hay límites, y afortunadamente lo tenemos, porque no permitimos que se roben el dinero del pueblo.

En la tienda de enfrente, la siempre gritona cuan ociosa oposición no sale de la cantaleta: desaparecieron el Fondo de Desastres Naturales (Fonden); lo extinguieron y no hay dinero para atender a la población damnificada: el gobierno se lo robó y lo utiliza para las campañas políticas de 2024 y así por el estilo. Por consignas no paran, pero a la hora de la hora no se le ve por ninguna parte si de ayudar se trata.

A ver, repitan: Fonden por aquí, allá y acullá, y de ahí no se mueve la oposición, con todo y que a lo largo de los sexenios (cuatro, por lo menos, porque el fondo se creó en 1996, con Zedillo) no fueron pocas las denuncias y advertencias no sólo por los malos manejos de los recursos públicos involucrados, sino por la desesperante lentitud con la que se los liberaban, en proporciones siempre menores a las anunciadas. De hecho, se dieron casos de que no terminaba de fluir el dinero para la reconstrucción, cuando otro fenómeno natural devastaba la zona ya devastada.

Un ejemplo de lo anterior lo aporta Hacienda: en diciembre de 2018, recién concluido el gobierno de Peña, el gobierno federal, por medio del Fonden, mantenía pendiente la aportación de recursos públicos (estado de México) para emprender las acciones de reconstrucción de las infraestructuras federal y estatal dañadas, en los sectores carretero, hidráulico y monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, por la ocurrencia de la lluvia severa en agosto de 2011, en el gobierno de Felipe Calderón.

Al cierre del sexenio peñanietista, Hacienda reconocía la necesidad de continuar con las acciones de reconstrucción en Guerrero “por el sismo en agosto de 2013, sismo en abril y mayo, y tormenta tropical Trudy en octubre de 2014; lluvia severa e inundación pluvial en septiembre de 2016” y lo mismo, más terremoto, en septiembre de 2017. Igual en Hidalgo: lluvia severa en mayo de 2015; en Jalisco: lluvia severa y huracán categoría 5 en marzo y octubre de 2015; y en Baja California Sur: “huracán Odiley lluvia severa en septiembre de 2014; inundación en octubre de 2015; huracán Newton en septiembre de 2016; tormenta tropical Lidia en agosto de 2017 y tormenta tropical Sergio en octubre de 2018”. Todo pendiente.

En resumen, de los 31 estados de la República, más la Ciudad de México, en 26 de ellos se reportaban atrasos en el flujo de recursos del Fonden y en las acciones de reconstrucción, y en la mayoría de los casos, por no decir en todos, cuando finalmente se liberaba el dinero, el monto asignado, si bien iba, solía ser por la mitad del originalmente autorizado.

No es gratuita la denuncia de la Auditoría Superior de la Federación sobre el Fonden: deficiente operación en la asignación de los recursos otorgados para atender los efectos ocasionados por los fenómenos naturales; ausencia de instrumentos para verificar el cumplimiento del propósito del fondo, lo que representó un riesgo de opacidad y discrecionalidad en su operación. Desde 2001, cuando menos, existen diversas irregularidades: creación de empresas fachada, ventas con sobreprecio, envío de materiales y víveres a entidades sin declaratoria de emergencia, falta de planeación, comprobación y control total de los bienes distribuidos, entre otras, que denotan una práctica reiterada de un mal manejo de los recursos.

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