El devastador paso del huracán Otis por Guerrero ha sacado a relucir lo mejor y lo peor de la sociedad mexicana. Lo mejor lo representa la movilización de cientos de miles de personas que ofrecen muestras de verdadera empatía al aportar y participar, en la medida de sus posibilidades, en las labores de acopio de víveres para los damnificados. Lo peor, algunos miembros de la clase política, figuras mediáticas, élites de la llamada sociedad civil, entre otros sectores, que no hacen nada a favor de los afectados y, en cambio, usan sus micrófonos como buitres, explotando la tragedia para atacar a las autoridades, divulgar noticias falsas y realizar un proselitismo repugnante en las circunstancias actuales.
Se ha buscado, por ejemplo, instalar la percepción de que las pérdidas humanas y la destrucción material son resultado de la negligencia de las autoridades en alertar a la población e implementar un plan de respuesta; cuando todos los expertos han señalado que era imposible prever el fortalecimiento de una tormenta tropical hasta convertirse en un huracán de la máxima categoría en apenas 12 horas. Asimismo, se ha machacado con la especie de que los guerrerenses se encuentran en el desamparo debido a que el gobierno federal desapareció el fideicomiso que administraba el Fondo de Desastres Naturales (Fonden). Dicha mentira se enmarca en la campaña permanente de desinformación con que las derechas defienden esos instrumentos financieros, los cuales fueron usados de manera sistemática por los gobernantes anteriores para sustraer colosales cantidades de dinero público del escrutinio social y para enriquecer a la iniciativa privada mediante jugosas comisiones por su manejo. Desafortunadamente, estos bulos son replicados por muchos ciudadanos, pero en esta época de omnipresencia de videocámaras y redes sociales la realidad habla por sí misma: como se observa en las imágenes capturadas por los propios habitantes de la zona afectada, la ayuda llega de forma constante, y en ningún momento se ha detenido por falta de recursos o de voluntad por parte de las autoridades. Enunciar esta verdad evidente no implica minimizar los retos ni negar la insuficiencia de agua, alimentos, combustible y albergues que aqueja a miles de guerrerenses, sino separar los hechos del ruido mediático, y el hecho es que las dificultades para atender todas las necesidades de los damnificados derivan del carácter imprevisible del meteoro, de su inusitado poder destructivo, de la extensión del área afectada y del ingente número de personas perjudicadas.
La presencia y disposición de las autoridades para asistir a los habitantes queda patente con el abanico de instituciones que se han implicado en la entrega directa de ayuda, el salvamento de personas en peligro, el restablecimiento de los servicios básicos, la evacuación de los visitantes del puerto de Acapulco y muchas otras labores. Por mencionar sólo un caso, las secretarías de Salud (Ssa), Marina (Semar) y los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores (Issste) se coordinaron para enviar personal médico, de enfermería y técnico, e incluso para trasladar a hospitales de alta especialidad ubicados en la capital del país a los pacientes pediátricos que lo requerían.
En suma, es tan innegable la devastación y el estado de emergencia humanitaria en una amplia franja de Guerrero como el compromiso de las autoridades para cumplir su papel y la existencia de los recursos para hacerlo. Lo que gobernantes y sociedad deben asimilar es que la reconstrucción de las zonas afectadas, y en particular del polo turístico de Acapulco, será una tarea titánica que exigirá esfuerzos y colaboración interinstitucional de largo plazo. La extinción repentina de la principal fuente de empleo de la región supone el desafío de brindar medios de vida a centenares de miles de trabajadores, tanto para preservar sus derechos humanos como para evitar que el desastre natural se convierta en una catástrofe social por la captación por parte del crimen organizado de personas desesperadas por un ingreso para sí y sus familias. Conjurar esta amenaza y poner en pie la economía local exigirá un entendimiento estrecho de los sectores público y privado, con la claridad de que la reconstrucción no debe usarse para multiplicar el lucro de unos cuantos, sino para potenciar el bienestar de las mayorías y corregir los graves problemas que ya asolaban a la entidad antes del golpe de Otis.
