Ciertamente, México lo requiere con urgencia y muy especialmente las mujeres, pero como avanzada pieza de seguridad social. Esto es: estructuralmente desvinculada de “propuestas” tecnocráticas para “potenciar la movilidad social”, minando el seguro social, como sostienen el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, la presunta Acción Ciudadana contra la Pobreza, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria y el Instituto Mexicano para la Competitividad.
En tanto que acciones que buscan el desarrollo, autonomía y bienestar de poblaciones en situación de dependencia que requieren ayuda de otros para realizar sus actividades, hace tiempo asistimos al doble debate sobre la necesidad de institucionalizar el “derecho” ciudadano al cuidado de quienes lo demanden: primera infancia, personas enfermas, con alguna discapacidad y adultos mayores, así como de los “derechos” de quienes proveen los servicios de cuidado –con y sin remuneración– junto con la obligación estatal de tutelar el “derecho” vía políticas institucionales.
Hay incluso avances legislativos como la Constitución Política de la Ciudad de México (7/2/2017), que reconoce el “derecho al cuidado” (artículos 9, 10 y 11). Para reglamentarlo, el gobierno capitalino remitió al Congreso local la iniciativa de Ley del Sistema Integral de Cuidados (21/3/2018) formulada por organismos internacionales, sociedad civil, academia y organizaciones sociales (aún pendiente de aprobación). Siguieron luego, sin éxito, diversas iniciativas de partidos políticos. Apenas el 9 de octubre pasado la ex alcaldesa de Iztapalapa Clara Brugada postuló que la CDMX “sea vanguardia del sistema de cuidados que libere tiempo a favor de las mujeres” (La Jornada).
A nivel federal, Inmujeres y ONUMujeres sentaron bases de la completa Estrategia Nacional de Cuidados (2018), observando la progresividad de derechos humanos, que “obliga al gobierno a proteger el derecho al cuidado, a cuidar y establecer medidas que permitan su cumplimiento”, con ruta crítica para establecerlo y la expedición de una ley general.
Durante 2019-20 en la Cámara de Diputados se presentaron diversas iniciativas de reforma a los artículos 4 y 73 constitucionales: cuatro de Morena y una de Movimiento Ciudadano. La minuta aprobada y turnada al Senado (18/11/2020, pendiente de aprobación) finca “derechos” a menores y a toda persona al cuidado digno y a cuidar, al implementar un Sistema Nacional de Cuidados y expedir la ley general. Ya en el Senado, en busca de salvar el “escollo constitucional”, Morena y aliados, más PRI y MC, suscribieron la iniciativa de Ley General del Sistema Nacional de Cuidados (30/11/2021, pendiente de aprobación).
Es claro que para la 4T el problema de un Sistema Nacional de Cuidados no reposa en el consenso para normar su “derecho”. Como señalara Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, ese sistema facilitaría el “acceso” de las mujeres a las “oportunidades”. Pero la “gran discusión”, enfatiza, consiste en “cómo implementarlo y financiarlo” (El Financiero, 29/4/2023). Poco después se animó a dibujar un costo estimado: entre 1.2 y 1.4 del PIB ¡anual! Por lo tanto, Yorio delega enteramente la decisión a la administración 2024- 2030 (El Economista, 4/10/2023).
Subraya con fuerza: dado que las “ganancias” de incorporar a las mujeres en la economía son para todos, “todos” tenemos que contribuir. Y entonces propone: podría “pensarse” en un sistema fragmentado –como el de pensiones– y que “sea tripartita”; es decir, que gobierno, empleador y empleado “contribuyan” (El Economista, 11/7/2023). En suma: aterrizar el financiamiento del Sistema de Cuidados conlleva un modelo de aportaciones tripartitas, donde todos ponen, o bipartita.
Sobre la tecnocracia neoliberal pesan años de esfuerzos intentando deslaboralizar el seguro social para desgravar a los empleadores con lo que ellos llaman un impuesto más. Su disfraz ha sido invariablemente el clamar por sistemas “universales”. Es el caso de la Fundación Mexicana para la Salud, de Guillermo Soberón y Julio Frenk (Funsalud), especialmente con Mercedes Juan como secretaria de Salud del peñismo, quien invocaba a la salud como un “derecho humano” y no un derecho social (2013). Pero también de posiciones aún más eclécticas como las del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS) –cuya junta directiva es presidida por Zoé Robledo, director general del IMSS– para quien, la salud debe entenderse como un “derecho humano”, no como un derecho social” (2019).
Así que si Claudia Sheinbaum y los sindicatos quieren –pronto– un Sistema Nacional de Cuidados en oportuno beneficio de la mujer, bien harían en concentrarse (con toda seriedad) en un sólido esquema de financiamiento y alejarse –muy a tiempo– de las simplistas propuestas tecnócráticas –al estilo de Santiago Levy y Gerardo Esquivel–, que sólo aspiran a hundir el “sesgo” laboralista de la seguridad social para seguir desgravando al patrón con un pretendido “impuesto” más.
* UAM-X
