La democracia es la forma de gobierno considerada más adecuada para el ejercicio de la libertad y el respeto a los derechos humanos, principalmente de los derechos sociales y políticos, donde hay un diálogo cercano con sus gobernantes para la atención a sus problemáticas y necesidades. Sin embargo, cuando el gobierno no escucha al pueblo y vulnera sus derechos en cualquiera de las esferas de desarrollo, surgen dos actores políticos en su defensa: las organizaciones de sociedad civil y las personas defensoras de derechos humanos.
Las organizaciones de sociedad civil (OSC) se constituyen por un conjunto de personas que se agrupan de manera libre y autónoma para realizar acciones para la defensa, promoción y respeto de los derechos humanos sin fines de lucro ni carácter político-electoral o vinculación partidista alguna. En México, a pesar de la existencia de algunas organizaciones de la sociedad civil a inicios de la década de los 60, este nuevo sector políticosocial retomó fuerza a raíz del sismo del 19 de septiembre de 1985, cuando los principales apoyos solidarios vinieron de las juventudes.
La consolidación de las organizaciones de derechos humanos en el país surge, sustancialmente, de la transición a los regímenes democráticos y de la teología política de la liberación. Esto debido a su vinculación con Centroamérica por la persecución política hacia dirigentes sociales y religiosos, mayormente hacia la orden jesuita, por ejemplo, el caso del defensor Óscar Arnulfo Romero, conocido también como monseñor Romero.
Posteriormente, se incorporan en la defensa de los grupos históricamente en situación de vulnerabilidad y comienzan a brotar redes de solidaridad política en América Latina. Es así que emergen organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, AC; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC; el Centro Nacional de Comunicación Social, AC (Cencos); el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, AC; Servicio de Asesoría para la Paz, AC (Serapaz), como algunas de las primeras organizaciones en el país para la defensa y promoción de los derechos humanos.
En el panorama actual y ante el contexto político-electoral es necesario visibilizar y reconocer la importancia de las organizaciones de derechos humanos, víctimas y sociedad civil organizada en los procesos de participación popular y elecciones locales y federales.
Es importante mencionar que durante este gobierno federal se incrementó la criminalización y la violencia hacia la labor llevada a cabo por las personas defensoras, periodistas y organizaciones de la sociedad civil, quienes históricamente han abonado al desarrollo de la democracia, el acceso a la justicia y a la protección de los derechos humanos. Aunado a ello, la existencia de las organizaciones de derechos humanos surge de la ausencia del Estado para atender las problemáticas. Por lo que resulta preocupante que se acoten los espacios y los diálogos con la sociedad civil ante la crisis de institucionalidad, humanitaria y civilizatoria que estamos viviendo en México. Aún más cuando ha salido a la luz la falta de voluntad política y social por parte de titulares de órganos encargados de velar por la protección de los derechos humanos y promover la transformación de condiciones más favorables para los grupos históricamente en situación de vulnerabilidad.
También es vital el equilibrio y la autonomía entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial para que las deudas de justicia históricas sean una realidad tangible y no se vean perjudicadas ni retrasadas por las decisiones de unos cuantos ante las necesidades de muchos. Por ende, se vuelve indispensable repensar cómo y cuáles han sido las transformaciones sustantivas para la sociedad mexicana al término de este gobierno; cómo es que han ayudado (o no) a disminuir la impunidad y la violencia institucional hacia las víctimas, y cuáles han sido los impactos sociales, económicos y humanos que ha habido al tomarse decisiones sin consulta de las víctimas, de los pueblos ni de las organizaciones sociales con trabajo de base. Por tanto, como sociedad civil organizada es necesario que continuemos fortaleciendo nuestras redes de solidaridad política y humanitaria para contrarrestar los efectos de las decisiones ejercidas con una realidad distinta a la que vivimos. Pero, principalmente, cómo prevenimos que se disuelva la democracia y disputamos los espacios políticos para que los derechos humanos no retrocedan y la construcción de vidas dignas se haga posible.
