Zacatecas, Zac., Un grupo de agentes del Ministerio Público, policías investigadores y trabajadores administrativos denunciaron al aún titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Francisco Murillo Ruiseco, ante su homóloga, la General de la República (FGR) para que lo investigue por presuntos actos de corrupción.

Ayer, en rueda de prensa los representantes del personal de la FGE demandaron también al Congreso estatal que cite a comparecer con urgencia a Murillo Ruiseco, antes de que se haga efectiva su renuncia, el 31 de octubre.

Afirmaron que hay muchos señalamientos que debe responder, no sólo respecto a la inacción en cumplir con las órdenes de aprehensión, sino en graves imputaciones administrativas contra él y algunos de sus funcionarios, por los delitos de acoso sexual y laboral.

En agosto reciente, trabajadores de la fiscalía estatal se manifestaron contra el funcionario por una serie de demandas que no han sido cumplidas. Ana Laura Rivera Vallejo y Óscar Peñalver Robles, junto con Alejandro Rivera Nieto, dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas, informaron que también presentarían ante la FGE, una denuncia penal contra Oswaldo Caldera, director de la Policía de Vialidad y Tránsito.

La querella es por abuso de autoridad, pues sus agentes desalojaron con violencia, la noche del 31 de agosto, a trabajadores de la fiscalía que se manifestaban afuera de su centro de trabajo. Recordaron que en las mesas de diálogo, que encabezaron Francisco Murillo y Rodrigo Reyes Muguerza, secretario general de Gobierno, frente al grupo de inconformes el 4 de septiembre, “acordaron cinco puntos para que cesaran las protestas y la toma de edificios. Entre las medidas prometieron acciones para erradicar los acosos sexual y laboral, y eso no ha ocurrido.

El 4 de septiembre señalaron el hostigamiento sexual y laboral que ejercen los titulares de diferentes áreas, cuya remoción se exigió. Entre ellos están el de la vicefiscalía distrital de Fresnillo, la coordinación del centro de justicia alternativa del distrito de Fresnillo, la coordinación de unidades especializadas de investigación mixta en el distrito judicial de Río Grande, y en la dirección general de desarrollo y evaluación, detallaron.

Otro punto incumplido, acusaron, es el retiro de las 78 denuncias penales que Murillo Ruiseco (con nueve años en el cargo de procurador y fiscal), interpuso en agosto en contra del mismo número de trabajadores a su cargo, que encabezaron las protestas desde finales de julio en toda la entidad.

La acusación sigue vigente contra los 78 dirigentes, y quien resulte responsable, la cual interpuso ante la FGR por obstrucción a las vías de comunicación (bloqueo en bulevares ubicados frente a inmuebles de la fiscalía), sedición, presunto uso indebido de armas de fuego (portaban sus armas de cargo los policías ministeriales, al hacer las guardias en los bloqueos), “… y otros delitos”, refirieron.

Además, el gobierno del morenista David Monreal Ávila y la FGE se han deslindado del compromiso que hicieron conjuntamente para otorgar incremento salarial de 10 por ciento a todo el personal de la institución a partir del próximo año.

Incluso, ahora, los funcionarios se han lavado las manos, argumentando que la gestión de un mayor presupuesto para 2024 se ha hecho ya ante la legislatura, y no depende de ellos, si el aumento puede hacerse efectivo, indicaron.

Tampoco han otorgado un estímulo de 2 mil 800 pesos, para quienes ocupan cargos de fiscales del Ministerio Público, inspector jefe, directivos, peritos, expertos y facilitadores. Tampoco se ha emitido la convocatoria para cubrir decenas de plazas vacantes, algunas de varios años atrás. Seis horas después de la conferencia, el aún fiscal publicó en redes sociales de la FGE la convocatoria para la contratación de fiscales del Ministerio Público.