De resultar precisas, estas cifras convertirían a España en el país con el peor índice de abusos sexuales contra menores dentro de la Iglesia católica. Incluso si se pensara que apenas uno de cada 10 casos es cierto, el atropello contra 40 mil niños y adolescentes no resulta en ningún punto menos estremecedor. Hay razones para pensar que los hallazgos del Defensor del Pueblo corresponden con la realidad: la omnipresencia de la Iglesia en el territorio y en la vida cotidiana de España, la cerrazón de su cúpula ante todo intento de sacar a la luz y castigar los abusos, y su relación simbiótica con el Estado, el cual dista de haber alcanzado los estándares de secularización esperables en una democracia liberal. Cabe recordar que la Iglesia fue uno de los pilares en que se sostuvo el franquismo, y que la transición a la democracia luego de la muerte del dictador Francisco Franco en 1975 no acabó con el entramado de complicidades tejidas entre obispos y autoridades.

El acceso de religiosos y laicos vinculados con la Iglesia a menores de edad resulta pasmoso: esta institución posee 2 mil 600 colegios en España, a los que habría que sumar aquellos que, sin ser de su propiedad, comparten y difunden sus valores y sirven como espacios de adoctrinamiento del conservadurismo ultramontano. Esta penetración del catolicismo en el ámbito educativo, además de facilitar a los abusadores un espacio de contacto permanente con sus víctimas, es clave para entender la actitud de buena parte de la sociedad y la clase política españolas, las cuales han dado la espalda a las víctimas y han permitido la impunidad de los agresores.

La postura de la cúpula eclesiástica hispana es tan escandalosa que va contra sus propias reglas canónicas y constituye un abierto desafío a la máxima autoridad del catolicismo mundial, el papa Francisco, quien ha girado directrices inequívocas para acabar con el silenciamiento de los casos de pedofilia, denunciar los abusos y poner en primer lugar a las víctimas. En buena parte por las desavenencias en torno a la más delicada cuestión que encara la Iglesia católica, el pontífice se ha negado a visitar España en sus 10 años al frente del Vaticano, un gesto cargado de significado si se considera que hasta agosto de este año había realizado misiones en 59 países.

El informe de 770 páginas divulgado ayer confirma y rebasa los peores temores que se han producido desde que un sector del pueblo español comenzó a reclamar transparencia, sanciones y reparación en torno a los abusos sexuales perpetrados por el clero. La magnitud del problema no puede dejar a nadie indiferente, y obliga a una profunda revisión de las relaciones entre Estado e Iglesia, a instalar una vigilancia estrecha sobre los religiosos y laicos que mantienen contacto con menores de edad en el desempeño de sus labores, así como a tomar todas las provisiones legales para acabar con la impunidad. Ante todo, es obvia la urgencia de un ejercicio de conciencia nacional que ponga a la sociedad entera al servicio de las víctimas, quienes requieren el acompañamiento y la empatía tanto de sus seres queridos como para de su entorno para sanar las heridas físicas y emocionales infligidas por el abuso, la indiferencia, la revictimización, las amenazas y el desamparo que produce el saber a sus agresores impunes.