El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, denunció ante el Consejo de Seguridad las violaciones claras del derecho humanitario en Gaza y recordó que la brutalidad de los atentados perpetrados por Hamas el 7 de este mes no justifica el castigo colectivo contra el pueblo palestino.

El máximo dirigente del organismo multilateral lamentó que en los últimos 56 años los palestinos han visto cómo su tierra era devorada sin cesar por los asentamientos y asolada por la violencia; su economía, asfixiada; su población, desplazada, y sus hogares, demolidos. Sus esperanzas de una solución política a su difícil situación se han ido desvaneciendo. Aunque el discurso de Guterres constituyó una descripción objetiva, aunque atenuada, de la violencia permanente que viven millones de palestinos bajo el yugo de Israel, el canciller de este país y su representante ante Naciones Unidas reaccionaron de manera visceral.

El embajador Gilad Erdan exigió la dimisión del funcionario y aseguró que no volverá a reunirse con él, en tanto que el canciller Eli Cohen preguntó al funcionario internacional que en qué mundo vive, describió a Hamas como los nuevos nazis que quieren destruir el mundo occidental y aseguró que ese grupo debe ser aniquilado.

Al ministro Cohen cabría responderle que Guterres y los millones de personas que se solidarizan con la causa palestina viven en un mundo en el que Israel dispone de armas nucleares, cuenta con uno de los ejércitos más poderosos del mundo, con una fuerza aérea dotada de tecnología de punta y con la que acaso sea la agencia de espionaje más extensa y sanguinaria, el Mossad; en este mundo, Tel Aviv emplea estas capacidades para someter al pueblo palestino a una cruenta ocupación.

Valdría también recordarle que es un Estado que asesina a 10 personas por cada una que pierde, mantiene encerrados a sus presuntos victimarios, los priva de electricidad, agua, combustible, alimentos e insumos médicos cuando se le viene en gana, los bombardea de forma indiscriminada y los expulsa de sus hogares en abierta violación a la legalidad internacional y a la más elemental observancia de los derechos humanos. Un Estado así, no puede justificar esas acciones con el derecho a la autodefensa.

Tel Aviv no podría sostener esta postura negacionista del genocidio contra el pueblo palestino, ni conducirse con la prepotencia e insolencia con que lo hace si no contara con el respaldo de las potencias occidentales, comenzando por Estados Unidos y Alemania, que incitaron a continuar con la destrucción de Gaza, a pesar de que cada 15 minutos un menor de edad muere bajo el fuego israelí.

Es tal la incondicionalidad de los líderes de Occidente hacia el gobierno de ultraderecha encabezado por Benjamin Netanyahu, que no sólo alientan la masacre contra los palestinos, sino que anulan los derechos de sus propios ciudadanos que se atreven a denunciar los hechos o siquiera a describirlos con un mínimo de objetividad: Alemania, Francia y Reino Unido prohibieron cualquier manifestación de apoyo a Palestina, y Estados Unidos ha detenido arbitrariamente a centenares de participantes en actos de protesta.

Londres ha llegado más lejos, al criticar a la policía por no reprimir con suficiente dureza las muestras de repudio a la matanza que comete Israel, además de obligar a la BBC a referirse a los miembros de Hamas como terroristas, con lo que se pisoteó la independencia de un medio que había tomado la decisión editorial de llamarlos militantes a fin de mantener la neutralidad.

Está claro que Occidente se ha vuelto corresponsable de la guerra de exterminio que Tel Aviv lleva adelante, por lo que el resto de la comunidad internacional debe cerrar filas en torno a la figura de Guterres y retomar sus palabras para elaborar un plan de paz que ponga fin a la barbarie, garantizando la coexistencia armoniosa de los dos pueblos que comparten este territorio levantino.