Ayer en el Senado la Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobó el dictamen respectivo (10 votos a favor, siete en contra y una abstención), y la Comisión de Estudios Legislativos Segunda hizo lo propio (nueve a favor, seis en contra y una abstención), de tal suerte que pasa al pleno senatorial. Se trata, dijeron los morenistas, de terminar con los privilegios indebidos y erradicar la opacidad con la que se han manejado esos fondos que benefician a la minoría del Poder Judicial y se alimentaron con remanentes presupuestales no rembolsados a la Tesorería de la Federación.

La Jornada (Andrea Becerril) nos ilustra: sólo para complementar las pensiones de jueces, magistrados y funcionarios de nivel medio y alto, hay tres fideicomisos por más de 8 mil 500 millones de pesos; el número 80691 se destina a pensiones complementarias a mandos superiores (más de 832 millones) y en 2022 de ahí se cubrieron 33 millones de pesos a cada uno de los 25 funcionarios judiciales en retiro. El 80690 tiene casi 3 mil millones de pesos, que se destinaron a cubrir apoyos complementarios a las pensiones de 184 mandos medios y operativos (16 millones a cada uno); los 387 jueces y magistrados en retiro cuentan también con uno (80682) para complementar su pensión (4 mil 722 millones; de ahí se repartieron 12 millones de pesos a cada uno de los juzgadores pensionados”).

También aparece el 80694 (apoyos médicos complementarios y apoyo extraordinario para servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, con excepción de los de la Suprema Corte), con casi 70 millones de pesos. Con este fideicomiso se benefició a dos personas (34 millones de pesos a cada una), sin especificar para qué tipo de gastos.

Son pocos beneficiarios de los fideicomisos, documenta el dictamen referido, si se considera a los más de 50 mil trabajadores del Poder Judicial. “No hay personal de base que goce de los 15 mil millones de pesos contenidos en los fideicomisos, y de los 14 mil 414 empleados de confianza sólo 602 –son beneficiados–, además de los más de mil 500 jueces y magistrados”. Son recursos públicos que se han manejado de forma opaca y discrecional, entre ellos el fideicomiso destinado al mantenimiento de las casas habitación de magistrados y jueces, en el que hay casi 77 millones de pesos ( ídem). De ese tamaño.

En la mañanera de ayer, el presidente López Obrador consideró que una eventual comparecencia de la ministra Norma Piña ante los legisladores no hace falta, por tratarse de “más espectáculo… puro ruido”. Lo que el Poder Judicial sí debe hacer, dijo el mandatario, es explicar por qué ganan 700 mil pesos mensuales; nada más; eso es lo único que tiene que hacer. ¿Para qué van a ir a los dimes y diretes al Senado? No. Que expliquen por qué ganan 700 mil pesos mensuales; por qué, además del sueldo, tantas prestaciones, ¿cuál es el trabajo tan excepcional, tan extraordinario que realizan?.

También debe explicar por qué hay tanta corrupción en el Poder Judicial, por qué liberan a delincuentes del crimen organizado y de cuello blanco, por qué nunca, en los últimos 20, 30, 40 años, no han hecho nada en beneficio del pueblo, nada, sólo se han dedicado a legalizar, a legitimar los robos de la pandilla de rufianes que mal gobernaba el país. Eso es lo que deben explicar. Cómo es que reciben estos sueldos, viven colmados de privilegios y están ahí para servir a la oligarquía y a los corruptos, si les paga el pueblo. Entonces, no hace falta que vaya al Senado.

De pasadita, debe explicar por qué siendo el garante del cumplimiento de la ley y de hacer valer la Constitución… las incumple y la viola.

Las rebanadas del pastel

Ignominioso: petrificada, la ONU ve pasar la gravísima situación en la franja de Gaza y sólo contabiliza el creciente número de muertos. Tan sólo en las últimas 24 horas, el gobierno de Benjamin Netanyahu asesinó a 700 palestinos (para dar un total, hasta ahora, de 5 mil –2 mil de ellos, niños– desde el pasado 7 de octubre), amén de que la población carece de agua, comida, energía eléctrica y medicinas.

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