La Fiscalía General de la República (FGR) creó un programa de ayuda económica destinada a la capacitación para el trabajo de mujeres y hombres trans, víctimas de delitos que hayan sido atendidas por esta instancia federal. Este apoyo podrá alcanzar hasta los 60 mil pesos anuales.

 

En los lineamientos de este programa, publicados en el Diario Oficial de la Federación, se explica que la FGR está obligada a tomar acciones en este sentido en cumplimiento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a los criterios de equidad de género contenidos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

 

“Que al proporcionar ayuda económica destinada a la educación y la capacitación para el trabajo, la Fiscalía General de la República busca contribuir al fortalecimiento de la estabilidad, las capacidades y, especialmente, la confianza en la procuración de justicia de las mujeres y los hombres trans que han sido víctimas de delitos, atendidas en esta Institución por medio del personal de atención psicosocial adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, o el refugio temporal a su cargo, con el fin de lograr y mantener su participación activa en el proceso penal por los delitos cometidos en su contra”, señala el documento.

 

Se afirma tendrán acceso a los recursos de este programa las mujeres y hombres trans que hayan sido víctimas de delitos y hayan sido atendidas por la FGR o sean ex residentes en el Refugio Temporal de la fiscalía.

 

Las personas beneficiarias no tendrán que responder con ninguna contraprestación ni rendimiento numerario, la única condición es que el dinero se destine para educación o capacitación para el trabajo.
La calidad de víctima de los beneficiarios deberá estar reconocida en alguna carpeta de investigación a cargo de la FGR por medio de la Unidad de Atención Psicosocial; la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas.

 

La educación o cursos que se financien con estos recursos deben contar con reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública o por alguna organización no gubernamental legalmente constituida y reconocida.

 

“La Ayuda Económica que se otorgará a las personas beneficiarias será por un monto máximo anual de hasta $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.), Impuesto al Valor Agregado incluido, por ejercicio fiscal, por persona, renovable hasta por dos ocasiones más. Es decir, se podrá otorgar la Ayuda Económica a una misma persona beneficiaria hasta un máximo de tres años”, señala el punto décimo segundo de los lineamientos.