Bogotá. A pocos días de las elecciones regionales que elegirán 32 gobernadores y un poco más de mil 100 alcaldes, Colombia vive un clima de expectativa ante los resultados que -según la oposición al gobierno de Gustavo Petro- serán una especie de plebiscito sobre la gestión del primer presidente de izquierda en la historia del país.
Contaminados históricamente por prácticas corruptas como la compra de votos y la repartición de puestos públicos, los comicios regionales son el escenario por excelencia de los caciques políticos tradicionales, que invierten formidables sumas de dinero para luego multiplicarlas durante los siguientes cuatro años a través de la contratación pública.
“Ni son plebiscito sobre la gestión del presidente Petro, ni sus resultados se pueden comparar con los de la elección presidencial de 2022, sino con los de las regionales de hace cuatro años”, advierte el periodista y analista político Mario López”, sobre las elecciones del próximo domingo, en las que también se elegirán los concejos municipales y las asambleas departamentales.
Estimulada por el clima de polarización extrema que vive el país, la violencia ha vuelto a ser protagonista en los meses previos a la jornada electoral, con 436 hechos contra aspirantes y partidos que participan en la contienda, según registros divulgados por la Misión de Observación Electoral (MOE).
Los episodios violentos documentados por la MOE incluyen el asesinato de 41 líderes políticos o sociales, 324 amenazas, 50 atentados y cuatro secuestros, contra candidatos de partidos políticos de diversas tendencias, aunque la mayoría de afectados (55) pertenecen al Pacto Histórico, la coalición de fuerzas progresistas que llevó a la presidencia a Gustavo Petro.
Un “mapa de riesgo electoral” publicado por este centro de investigación independiente, indica que hay 201 municipios con altos niveles de dificultad para el ejercicio libre del voto, situados en 17 departamentos del país.
En medio de este violento panorama, que no se presentaba desde el 2014, se levanta el fantasma de la compra de votos y la repartición de prebendas burocráticas, una práctica enquistada desde hace décadas en el comportamiento de millones de ciudadanos para quienes el día de los comicios es sólo un buen momento para atenuar el hambre y llevar a casa un alivio efímero que en nada resuelve su situación.
Empeñado en abolir esta detestable manera de “hacer política”, que muchos caciques defienden argumentando que ya es una costumbre practicada por la mayoría de los políticos, el gobierno de Petro anunció este martes que pagará recompensas a los ciudadanos que denuncien a los compradores de votos: “He dado autorización para pagar las informaciones efectivas sobre compradores de votos en todo el territorio nacional. Comprar votos es un delito”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.
