Durante los pasados dos años, Guerrero y Oaxaca no han destinado recursos para aborto seguro entre población sin acceso a servicios de salud, pese a que la primera ocupa el lugar uno de mortalidad materna por cada 100 mil nacidos vivos, denunciaron organizaciones sociales. Lo anterior, a la luz de los incrementos en la política de salud sexual, reproductiva, materna y neonatal propuestos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2024, los cuales se consideran “insuficientes”.
Ochenta organizaciones destacaron que los incrementos en los recursos destinados a financiar la política de salud sexual, reproductiva, materna y neonatal propuestos en el PPEF —de 17.5 por ciento en el ramo Salud y de 38.6 en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)— siguen siendo insuficientes para atender a las 34 millones de adolescentes y mujeres que son la población objetivo, sobre todo porque no hay garantías de que el dinero se ejercerá de acuerdo con lo aprobado por el Congreso.
“En 2022, el Legislativo aprobó 2 mil 335 millones de pesos (para el ramo Salud, en específico para la política de salud sexual, reproductiva, materna y neonatal), pero el Ejecutivo los redujo en más de 30 por ciento, por lo que al final se gastaron sólo mil 574 millones de pesos. Los recortes en un contexto de presupuesto insuficiente son incomprensibles, injustos y atentan contra el derecho a la salud de las adolescentes y mujeres en todas sus diversidades”, enfatizaron las asociaciones.
Para 2024, entre el presupuesto de Salud, y los recursos que se redistribuyen a través del FASSA —cuyo objeto es dotar de recursos a la entidades federativas para que den servicios médicos a la población que no cuenta con un empleo formal o no está incorporada en algún régimen de seguridad social— suman 4 mil 239 millones de pesos para la política de salud sexual, reproductiva, materna y neonatal; los cuales se estiman insuficientes para atender a la población objetivo, sobre todo frente a las carencias ya acreditadas por algunas organizaciones.
“En el estado de Guerrero, Zihuame Xotlametzin y el Comité Promotor por una Maternidad Segura han documentado serios problemas de calidad, disponibilidad de personal de salud y abasto de insumos esenciales para la salud reproductiva. Esto se agrava aún más ya que Guerrero ocupa el primer lugar con mayor Razón de Mortalidad Materna, con 58 muertes maternas por cada nacidos vivos”, exhibe el posicionamiento de las organizaciones.
“En Oaxaca, el monitoreo realizado por Mano Vuelta A.C. en las clínicas comunitarias, identificó que no se garantiza el aborto seguro por falta de personal capacitado, infraestructura, medicamentos, insumos, y servicios de traducción, además de que no se asignan recursos para materiales de difusión dirigida a personas con alguna discapacidad auditiva o visual”, pormenoriza.
En el tránsito hacia un nuevo modelo de salud implementado por IMSSBIENESTAR, “que propone un esquema centralizado de manejo financiero y provisión de servicios, en el que las entidades federativas transferirán sus recursos a esta nueva instancia”, las organizaciones destacaron la necesidad de que existan “mayor transparencia, rendición de cuentas y seguimiento del gasto, particularmente de los recursos del Ramo 33 FASSA”, debido a que algunos estados, como se acreditó en Guerrero y Oaxaca, destinan pocos o nulos recursos a componentes esenciales de la política de salud sexual, reproductiva, materna y neonatal.
