Con el síndrome del cadenero
bien arraigado en la conciencia, un grupo de miembros del Poder Judicial del país salió a las calles a protestar por la muy posible desaparición de 13 fideicomisos que sirven para permitir una vida de opulencia a los ministros, magistrados y jueces en todo el país.
Decimos que se trata del síndrome del cadenero porque estos manifestantes, como los cadeneros, apenas reciben un poco de lo que ganan los dueños de los antros, pero se sienten felices y orgullosos de defender los intereses de sus patrones.
Y es que ahora les ha nacido una conciencia que no tuvieron en momentos cruciales para el país. Nunca supimos, por ejemplo, que estos trabajadores salieran a la calle o que cuando menos lanzaran una condena desde el liderazgo sindical en contra de la decisión de los jueces que atentaba en contra de la soberanía del país, ni cuando se dejaba en libertad o se beneficiaba a delincuentes juzgados. Entonces no hubo marchas, es decir, protegieron los intereses del patrón por encima de los de la nación.
Al inicio de este sexenio se decía que México estaba colocado en uno de los peores lugares en las mediciones de impunidad, es decir, por debajo de países como India o Filipinas.
Miguel Carbonell, considerado un estudioso de la cosa jurídica, y no precisamente un hombre cercano ideológicamente al actual régimen, explicaba –suponemos que aún lo sostiene–, en un documento titulado Corrupción judicial e impunidad: el caso de México, que en 2001 el relator especial de la ONU sobre independencia de los magistrados y abogados concluía que entre 50 y 70 por ciento de los jueces federales eran corruptos. La cita fue rechazada con algún escándalo por parte de los togados, pero el desmentido no gozó de credibilidad.
Pero no sólo eso, en su documento, Carbonell explica también que el informe del relator acierta al señalar las deficiencias y altos niveles de corrupción existentes en el sistema judicial mexicano
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Quienes pretendan descalificar el escrito que se halla en la biblioteca jurídica y virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, argumentando que se trata de un documento viejo, deberán preguntarse ¿qué ha cambiado?
Esto, porque ya entonces decía el relator: Los mecanismos para sancionar a los jueces que hayan incurrido en actos de corrupción son poco transparentes
, y agrega que como resultado de la reforma de 1999, el Consejo de la Judicatura, creado como un instrumento para la vigilancia y disciplina de los jueces, depende, en buena medida, de la Corte, lo que arroja una cierta sospecha sobre la protección que ofrecen a sus colegas
.
El documento, que de muchas maneras es un diagnóstico del Poder Judicial –efectivamente, elaborado hace algunos años–, no parece, por ningún motivo, un relato fuera de la realidad actual; por el contrario, bien se podría decir, con los datos duros que se han exhibido, por ejemplo en La Mañanera, que la situación ha empeorado.
Está bien, todos en este país y en este régimen tienen derecho a manifestarse, aunque sea para exhibir el síndrome del cadenero. ¡Que así sea!
De pasadita
Ahora resulta que la señora Lía Limón dejará la alcaldía Álvaro Obregón para tratar de convertirse en la candidata de la derecha a la jefatura de Gobierno de esta ciudad. Dicen que la señora ya se dio cuenta de que Santiago Taboada, quien pretende lo mismo, no alcanza a tener una votación siquiera regular en las elecciones que vienen.
Eso quiere decir que se perderán, si el candidato de Morena es el correcto, hasta las alcaldías que han levantado la bandera azul durante un buen tiempo. Lo malo es que a la señora Limón nadie le ha dicho que a ella le pasará lo mismo.
