En la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, establecido el 16 de octubre por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), se llevó a cabo la celebración del premio Pax Natura, el cual hizo un reconocimiento internacional hacia la lucha contra la siembra de maíces genéticamente modificados en el país por empresas trasnacionales que, desde hace 10 años, impulsa la Demanda Colectiva Maíz.
Este premio fue entregado por la Fundación Pax Natura, que promueve acciones e iniciativas para proteger el bienestar ambiental y la salud ecológica en el mundo, como la agroecología, la evaluación de los riesgos de organismos genéticamente modificados, la conservación de la biodiversidad y la soberanía alimentaria. A través de estas líneas de acción es que la Demanda Colectiva Maíz fue reconocida por su trabajo, pues la búsqueda por la conservación de nuestros maíces nativos no sólo es una lucha ecológica, sino una apuesta política y de resistencia para la conservación de la vida misma. En México, en donde la base de la alimentación es el maíz, se vuelve indispensable proteger nuestro sostén alimentario para cuidar nuestros cuerpos, tierras y comunidades.
Si bien, la alimentación se entiende como uno de los pilares fundamentales para la supervivencia humana, también es un derecho humano que abarca desde la problemática estructural de la pobreza hasta el cuidado y trabajo del campo. En ese sentido, es fundamental reconocer que la vitalidad de las tierras y territorios es necesaria para proteger sosteniblemente el medio ambiente y los frutos que de ahí surgen, pues el cuidado de la naturaleza es el cuidado de la vida propia y comunitaria.
Con base en el enfoque de derechos humanos, el derecho a la alimentación debería cubrir las siguientes características: estar disponible, ya sea por el cultivo propio y colectivo o por su adquisición a través de mercados; ser accesible para todas las personas en términos económicos y físicos; ser adecuada, cuya función tendría que satisfacer las necesidades alimentarias de cada persona, más allá del consumo de calorías y/o raciones mínimas; e inocua, es decir, que los alimentos que ingerimos sean libres de químicos y sustancias dañinas para la salud de las personas.
De ahí que surja la trascendencia de la lucha de la Demanda Colectiva Maíz. A pesar de los esfuerzos jurídicos, sociales y académicos de ésta para demostrar los efectos negativos del uso del glifosato y los organismos genéticamente modificados hacia la población, el gobierno mexicano no ha sido un contrapeso favorable en esta batalla para que las empresas trasnacionales detengan la contaminación que generan hacia el medio ambiente y la sociedad. Al contrario, ha brindado facilidades para que continúen realizando esas acciones, como fue la resolución del 29 de septiembre del presente año. Esa fecha, conmemorada como el Día Nacional del Maíz, se notificó la sentencia del juicio que la Demanda Colectiva de Maíz ha impulsado desde hace una década, cuyo resultado fue favorable para las empresas demandadas.
Aunque se apeló esta resolución, continuando con la medida cautelar sobre suspensión de la siembra comercial del maíz genéticamente modificado, sigue siendo perjudicial para las y los campesinos, las comunidades indígenas, el campo y la sociedad en amplio que consumen y cosechan este pilar alimentario.
Es importante resaltar que la Demanda Colectiva Maíz no busca obtener una compensación económica del proceso jurídico, sino que desea recuperar la vitalidad de los campos, así como detener el uso del glifosato y de los organismos genéticamente modificados, pues los maíces son bienes comunes y ancestrales que han sostenido históricamente la vida gastronómica, social y cultural de nuestro país. Por ende, se requiere que el Estado adopte las medidas necesarias para la protección de las tierras, las comunidades y el medio ambiente, con el objetivo de que las personas podamos tener acceso a una alimentación adecuada, abonar a la garantía del derecho a la salud y hacia el cuidado ambiental necesario para sostener la vida en comunidad.
Pese a los obstáculos institucionales y jurídicos, así como a las presiones de las empresas trasnacionales y de Estados Unidos hacia México, la solidaridad y apoyo entre y desde comunidades indígenas y campesinas, organizaciones de la sociedad civil, personas científicas y activistas, continúa incrementado y resistiendo para la defensa de este bien colectivo. Por tanto, se vuelve indispensable que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones para proteger y garantizar los derechos humanos a la alimentación, a la salud, a un medio ambiente sano y que promueva la conservación de los maíces nativos, de los territorios y de nuestras vidas, porque sin maíz, no hay país.
