Ciudad de México. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) perfila confirmar las fechas de inicio y término de las precampañas federales (del 20 de noviembre al 18 de enero).

Lo anterior, entre otros aspectos, porque el magistrado Felipe De la Mata propone desechar un juicio promovido por las consejeras del Instituto Nacional Electoral, Dania Ravel y Claudia Zavala, quienes acudieron al TEPJF para señalar que el lapso de precampaña les imposibilitará hacer su trabajo a plenitud, en cuanto al tiempo disponible para la óptima revisión de los informes de fiscalización de ingresos y gastos de aspirantes.

En el proyecto del magistrado De la Mata se concluye que "las actoras carecen de legitimación para interponer el medio de impugnación" sobre la resolución de un colegiado del que forman parte.

“Esta Sala Superior considera que el juicio es improcedente porque las consejeras electorales carecen de legitimación activa para impugnar una determinación emitida por el órgano colegiado al que pertenecen y de la que formaron parte en la deliberación”, se lee en el documento.

Es decir, solo pueden impugnar partidos, ciudadanos y/o quienes acudieron al Tribunal como demandantes originales, para impugnar la anterior determinación del INE que establecía el 5 de noviembre como fecha de inicio de las precampañas federales: Presidencia de la República, diputados y senadores.

Y aunque establece que Ravel y Zavala votaron en contra del ajuste de fechas – realizado con base en una orden del mismo Tribunal Electoral- al final el acuerdo fue emitido por mayoría del máximo órgano de dirección del INE.

Las precampañas federales no pueden durar más de 60 días y, la segunda resolución del INE llevó al tope ese periodo, lo que impactó en una reducción de “siete días” los trabajos de fiscalización de ingresos y gastos de los contendientes. “La fiscalización se realizará en 40 días y no en 47”, dice el magistrado, aunque las consejeras afirman que en realidad la reducción es de 17 días.

El proyecto indica que se estableció, además, la posibilidad de que el plazo de fiscalización sea ampliado si así lo demanda la carga de trabajo.

Asimismo apunta que “las consejerías no pueden reclamar si no están conformes con la decisión de la cual fueron parte, aún si pertenecieron a la minoría”.