Todas estas maniobras se enmarcan en el desesperado esfuerzo del grupo gobernante de evitar la llegada al poder de un personaje que cuenta con una amplia simpatía social y que tiene como principal bandera la lucha contra la corrupción que corroe a Guatemala desde hace 70 años, un mal que se exacerbó durante los tres periodos presidenciales más recientes hasta alcanzar cuotas insoportables para la ciudadanía. El hartazgo generalizado ante la inocultable descomposición institucional llevó a Arévalo, un político relativamente desconocido hasta hace poco, a obtener los votos suficientes para pasar a la segunda vuelta de las elecciones, en la que se alzó con un contundente triunfo de 60.9 por ciento.

Lo inapelable de esta victoria y el pánico a ser investigados por sus múltiples irregularidades ha llevado a los secuaces del presidente ultraconservador Alejandro Giammattei a emprender una campaña antidemocrática que ha merecido la condena de organizaciones de derechos humanos, de las Naciones Unidas y de la abrumadora mayoría de la comunidad internacional. Es tal la sinrazón de esta camarilla que incluso Luis Almagro, secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA) siempre dispuesto a transgredir las leyes para apoyar a sectores de derecha y ultraderecha, ha calificado la actuación de Porras como un ejemplo vergonzoso.

La conducta delictiva de la facción mafiosa encabezada por Giammattei y Porras ha obligado al pueblo guatemalteco a volcarse a las calles para defender la soberanía emanada del voto y exigir la renuncia de la fiscal general. La respuesta de Porras ha sido la emisión de órdenes de uso de la fuerza pública para reprimir las protestas ciudadanas, las cuales afortunadamente no han sido acatadas, pues su ejecución supondría un inaceptable abuso de poder del Estado y podría desembocar en tragedia. De hecho, ya se ha registrado la acción de grupos de choque propios de regímenes autoritarios, y está abierta la preocupante posibilidad de un incremento de la violencia contra la población.

La comunidad internacional debe ejercer todas las facultades legales a su alcance para hacer entender a los golpistas que no tienen ninguna posibilidad de éxito, y que su empecinamiento en anular los resultados electorales sólo agravará su situación cuando comparezcan ante la justicia. La fiscalía, los integrantes del Poder Judicial que se le han unido y el Ejecutivo guatemalteco no tienen otra opción que respetar la voluntad popular y someterse a las consecuencias de sus actos.