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El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó ayer en su conferencia matutina algunas de las 136 "reformas" de fondo a favor de la oligarquía y tendientes a entregar los bienes de la nación al gran capital privado y saquear a los mexicanos. Foto Presidencia
20 de octubre de 2023 07:37
La intención presidencial era presentar un recuento de las interminables modificaciones a la Constitución y a las leyes secundarias realizadas por los seis gobiernos neoliberales (siempre de la mano del Legislativo y el Judicial), pero fue tal la magnitud que se convirtió en una narrativa de terror: al menos 136 reformas de fondo a favor de la oligarquía y tendientes a entregar los bienes de la nación al gran capital privado y saquear a los mexicanos.

De ese universo, el mandatario ejemplificó con las siguientes: mayo de 1989, avalaron el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, que permitió la venta de importantes empresas públicas al sector privado; 27 de junio de 1990, reformaron el 28 constitucional y entregaron los bancos que eran propiedad de la nación; 6 de enero de 1992, modificaron el 27 constitucional para vender las tierras ejidales; 6 de mayo de ese mismo año, cambiaron la ley minera para entregar concesiones a particulares hasta por 50 años, eliminaron los límites de la superficie a concesionar, derogaron el impuesto a la extracción de minerales (lo que no sucedió en ningún país del mundo) y privatizaron las plantas mineras del sector paraestatal.

Salinas entregó 6.6 millones de hectáreas de reservas mineras nacionales a tres consorcios (Peñoles, Grupo México y Carso). En 36 años los neoliberales concesionaron 90 millones de hectáreas (120 millones, en realidad), es decir, 45 por ciento (60 por ciento) del territorio nacional, para la explotación minera; 22 de diciembre de 1992, aprobaron una ley secundaria que a contrapelo de la Constitución permitió a empresas privadas, principalmente extranjeras, generar energía eléctrica (ahora le venden a la CFE a precios elevadísimos).

El 5 de marzo de 1993, aprobaron la reforma al artículo tercero constitucional para limitar la gratuidad de la educación pública sólo a nivel de primaria y secundaria. Antes de esta reforma, la educación pública era gratuita en todos los niveles. Con ello, como si fuese una mercancía, pusieron la educación media superior y universitaria para que la explotaran los privados.

El 18 de marzo de 1995, aumentaron el IVA de 10 a 15 por ciento; el 12 de mayo de ese año, avalaron la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México; 23 de mayo de 1996, privatizaron el ahorro de los mexicanos con la creación de las Afore; 12 de diciembre de 1998, legalizaron el rescate bancario, vía Fobaproa, que convirtió las deudas privadas de unos cuantos empresarios y banqueros en deuda pública; 8 de diciembre de 2005, reformaron la Ley del ISR para conceder a las grandes corporaciones el privilegio de diferir el pago de impuestos hasta por 100 por ciento de sus contribuciones; 22 de marzo de 2007, modificaron la Ley del ISSSTE para entregar las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado a los intereses de los banqueros.

El 24 de octubre de 2008, aprobaron la ley de Pemex para otorgar contratos incentivados a empresas privadas; 30 de noviembre de 2012, reforma laboral para eliminar derechos históricos de los trabajadores y legalizar el outsourcing; 2 de diciembre de 2012, firmaron el Pacto por México para profundizar las privatizaciones del sector energético, educación, seguridad social, comunicaciones y reformar leyes fiscales, laborales y hacendarias en beneficio de la clase dominante del país y de los intereses extranjeros; 13 de diciembre de 2012, reforma educativa para someter al magisterio y avanzar en la privatización de la enseñanza; 18 de diciembre de 2012, modificaciones constitucionales en materia de telecomunicaciones para garantizar el derecho de las empresas, no de los ciudadanos.

Octubre de 2017, más cambios a la Ley de Telecomunicaciones; el 17 de ese mes, reforma hacendaria (más impuestos a la mayoría, manteniendo privilegios fiscales para las grandes empresas y los bancos); el 11 de diciembre de 2013, reforma energética para entregar 20 por ciento del potencial petrolero del país a empresas particulares nacionales y extranjeras. Y las que faltan por citar.

En castellano simple, atraco institucionalizado: los neoliberales tomaron por asalto al gobierno, secuestraron a los poderes y crearon una república simulada, y en todo esto participó el Poder Judicial, dijo el mandatario.

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Twitter: @cafevega

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