Ciudad de México. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la decisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) para entregar la responsabilidad de administrar y cuidar el Ángel de la Independencia al gobierno de la Ciudad de México, retirando esta facultad a la citada demarcación.

En la controversia constitucional 456/2023, la alcaldía impugna el acta del 15 de septiembre pasado “por la cual se hace constar la entrega física, jurídica, administrativa y provisional que realiza la SHCP, por conducto del Instituto de Administración y Avalúa de Bienes Nacionales del Gobierno de México, a favor del Gobierno de la Ciudad de México, respecto del denominado Ángel de la Independencia”.

La alcaldía sostiene que dicho monumento estaba bajo su responsabilidad desde el 16 de septiembre de 1998 y que la decisión de la SHCP lesionaría la gobernabilidad de la demarcación, pues provocaría inseguridad jurídica al permitir al gobierno capitalino toma de decisiones que van en contra de los procedimientos de ley y de la autonomía de la alcaldía en cuanto a su administración pública.

Esta controversia fue admitida a trámite con el registro 456/2023 y su análisis recayó por turno al ministro Juan Luis Alcántara Carrancá, quien en principio decidió negar a la alcaldesa la suspensión del acto reclamado, lo que habría supuesto regresarle de inmediato la administración del monumento.

En el acuerdo donde publica su decisión, el ministro explica que otorgar esta medida cautelar no puede reconocer, aunque sea de manera provisional, aquello que se pretende de fondo en la controversia “lo cual, en el caso concreto, consiste en que se restituya a la alcaldía actora la entrega física y jurídica del monumento Ángel de la Independencia, aspectos que como se advirtió, fueron encomendados el 15 de septiembre de 2023, a través de un acta de entrega, al gobierno de la ciudad”, señala el documento.

El ministro sólo concedió parcialmente la suspensión a la alcaldía para que su personal participe en las labores de mantenimiento y preservación del monumento, pero su administración y responsabilidad jurídica continuarán bajo el gobierno capitalino, hasta que la SCJN resuelva el fondo de la controversia.