Ciudad de México. El Consejo de la Judicatura Federal reiteró que los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) no son utilizados para cubrir gastos personales de ministros, magistrados y jueces y que ni uno solo de los 14 fondos con los que cuenta el sector está relacionado con gastos de ministras y ministros. Mucho menos se destinan para aspectos que tengan que ver con cuestiones personales.

En una tarjeta informativa señaló que la extinción de los fideicomisos repercute en las finanzas del PJFy en el cumplimiento de diversas obligaciones patronales respecto a derechos laborales adquiridos por parte de todas las personas trabajadoras, pero, dijo, no se trata de un recorte al presupuesto que año con año se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que aprueba igualmente la Cámara de Diputados.

“Cabe aclarar que este Proyecto de Presupuesto, que para 2024 implica la solicitud de 84,792.4 millones de pesos (4 por ciento superior a lo solicitado en 2023 de acuerdo a la inflación), está pendiente de discusión en el poder legislativo junto con todo el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y, de acuerdo con las expresiones de diversas personas legisladoras, podría tener reducciones que afectarían también a las finanzas del PFJ”.

Apuntó que por lo pronto y respecto a la discusión vigente sobre los fideicomisos del PJF, es importante reiterar que “los fideicomisos no están destinados para beneficio de 11 ministros en funciones y 22 en retiro”; y “cada fondo y fideicomiso tiene objetivos específicos que no permiten su uso para fines distintos a los establecidos para su creación. Los fideicomisos se utilizan de manera complementaria para el pago de derechos laborales y sociales adquiridos por las y los trabajadores del Poder Judicial”.

Se utilizan fideicomisos para prestaciones laborales 

Añadió que al menos 6 fideicomisos tienen por objeto cumplir de manera complementaria obligaciones patronales que constituyen derechos de las y los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social: pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro.

“Estos derechos adquiridos están reconocidos, además de en la Constitución y en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, en otros instrumentos legales como son las Condiciones Generales de Trabajo. Las reglas de operación de los fideicomisos exigen a las y los trabajadores cumplir ciertos requisitos para acceder a los recursos para el pago de los derechos laborales tutelados, como, por ejemplo, la antigüedad”.

Indicó que el personal operativo del PJF, que representa más del 60 por coento de la plantilla, es el principal beneficiario de las prestaciones laborales vinculadas a los fideicomisos.

Incluso afirmó que la Auditoría Superior de la Federación no ha hecho observaciones sobre la legalidad de los fideicomisos “En 2019 la ASF realizó dos auditorías específicas a los fideicomisos del PJF, pero en ninguna de ellas observó irregularidades en la constitución o administración de los fondos”.

Agregó que los fideicomisos no son “guardaditos” ya que fueron constituidos inicialmente con recursos públicos; sin embargo, explicó, esto no significa que el presupuesto no ejercido año con año se destine a estos instrumentos. “Asimismo, el hecho de que dichos recursos públicos se encuentren en fideicomisos no los convierte en recursos privados, por el contrario, continúan siendo recursos del Estado mexicano, bajo la administración del PJF, que es uno de los tres Poderes de la Unión que lo conforman. El ejercicio de estos recursos se da bajo reglas de operación previamente emitidas y con plena transparencia, rindiendo cuentas de manera trimestral como lo puede comprobar cualquier ciudadano al consultarlos.”