Bridgetown. El gobierno y la oposición de Venezuela acordaron ayer que las próximas elecciones presidenciales se realicen en el segundo semestre de 2024 con observadores internacionales como la Unión Europea, de acuerdo con un documento suscrito en Barbados dentro del proceso de diálogo mediado por Noruega, al reanudarse las negociaciones entre ambas partes suspendidas hace un año.

En una ceremonia en Barbados, transmitida por la televisión estatal venezolana, representantes de ambas partes suscribieron acuerdos parciales en materia de promoción de los derechos políticos y garantías electorales para todos.

Las partes convinieron el respeto a los procesos de elección interna de cada actor político, cuando la oposición se dispone a elegir, el próximo domingo, al candidato que enfrentará al presidente Nicolás Maduro.

El documento también propone que el proceso electoral presidencial se realice en el segundo semestre del año 2024, atendiendo el cronograma constitucional. La fecha de los comicios la define el Consejo Nacional Electoral, cuya directiva fue renovada en agosto pasado.

Además, pide una actualización del registro comicial, incluido en el extranjero, petición de los opositores, y que se invite a misiones técnicas de observación electoral. Entre ellas, la Unión Europea, criticada por el chavismo tras su observación en las regionales de 2021, el panel de expertos electorales de la Organización de Naciones Unidas, la Unión Africana, la Unión Interamericana de Organismos Electorales y el centro Carter.

El proceso de diálogo entre el gobierno y la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática comenzó en agosto de 2021 y desde entonces ha sido interrumpido en dos oportunidades, la última en noviembre del año pasado, luego de que la delegación de Maduro condicionó el diálogo al desembolso de 3 mil millones de dólares de fondos congelados de Venezuela en el exterior.

Un punto que quedó sin resolver fue el relacionado con las inhabilitaciones políticas, que la oposición tacha de inconstitucionales.

El acuerdo habla de permitir a todos los candidatos siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana.

María Corina Machado, favorita en las internas para enfrentar a Maduro, en teoría no podrá postularse a presidenta porque está inhabilitada por 15 años. El mandatario, que pide en el proceso el levantamiento de sanciones contra su gobierno, adelantó antier que los acuerdos serían beneficiosos para el país.

La suscripción del documento estuvo a cargo de Jorge Rodríguez, jefe de la comitiva del gobierno venezolano y presidente de la Asamblea Nacional, y de Gerardo Blyde, representante de Plataforma Unitaria Democrática.

Rodríguez comentó que se acordó que en los comicios participen todos los candidatos presidenciales, incluido el ganador de las primarias del domingo, aunque acotó: siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos. No abundó en cuáles son.

Blyde señaló que se firmó un acuerdo para que se recupere la confianza en el voto y traza una ruta para que los inhabilitados y los políticos recuperen sus derechos con celeridad. Dag Nylander, en representación de gobierno noruego, expresó su satisfacción tras considerar que la mesa de diálogo logró avances significativos en temas esenciales.

Una persona familiarizada con las discusiones destacó antier a la agencia noticiosa Ap que el cumplimiento de lo acordado llevaría a Estados Unidos a aliviar algunas de las sanciones energéticas contra la administración de Maduro.

En un comunicado conjunto, el secretario estadunidense de Estado, Antony Blinken; el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell; la canciller de Canadá, Mélanie Joly, y la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, James Cleverly, aseguraron en una declaración conjunta que apoyan “el resultado negociado pacífico que conduzca a elecciones justas y competitivas y al retorno a la estabilidad y la seguridad económicas.

Seguimos pidiendo la liberación incondicional de todos los detenidos injustamente, la independencia del proceso electoral y de las instituciones judiciales, la libertad de expresión, incluso para los miembros de la prensa, y el respeto de los derechos humanos y políticos, agregaron.