El juez de control  instruyó la separación del cargo a  Jesús Madueña Molina  rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y a integrantes del comité de adquisiciones de manera temporal como medida para que sigan las investigaciones complementarias  luego que el pasado 14 de septiembre fue vinculado a proceso, segun la causa penal 918/2023  por el delito de desempeño irregular de la función publica y ejercicio indebido del servicio publico por la compra de tortillas por 45 millones de pesos que no fueron comprobados.

 

En esa ocasión solo se aplicaron medidas cautelares de no salir de la entidad y de asistir a firmadas cada 45 días al juzgado.

 

El pasado 16 de octubre, la Fiscalía General de Sinaloa solicitó  una nueva audiencia al juez  para revisar las medidas cautelares , donde pidió que la separación del cargo,  argumentando que los  imputados  como funcionarios de alto poder de decisión dentro de la UAS, entorpecían la investigación complementaria  y no proporcionan información requerida, por lo que de esta manera se garantizaba que no siguieran obstaculizando el procedimiento penal.

 

La noche del martes y tras 11 hora de audiencia que inicio a las 10 de la mañana, en la sede de Justicia penal acusatorio y oral zona centro ubicada en Aguaruto, culminó también con la separación de los integrantes del comité de compras, Manuel de Jesús Lara Salazar, Jorge Pérez Rubio, Oscar Orlando Guadrón y Soila Maribel Camacho.

 

El pasado 22 de agosto, Madueña Molina, había sido vinculado a proceso por el mismo juez  Adán Alberto Salazar , por probable participación del delito de abuso de autoridad en perjuicio del servicio público, al no presentar información de como se distribuyeron 2 mil 545 millones 213 mil 277 pesos que otorgó el gobierno estatal en el año 2022.

 

En esa ocasión  el juez determinó que  se reunieron suficientes elementos para la vinculación a proceso al Rector de la UAS, por lo que aplico medidas cautelares como no salir del país, sin previa autorización judicial y la extensión a un mes más  para ampliar la investigación del caso.

 

La FGE  en la carpeta de investigación  señaló que fue el pasado 18 de enero, que la Auditoria Superior del Estado (ASE) remitió un oficio a Madueña Molina  donde notificaban que realizarían auditoria de los recursos propios del ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022, solo que en fecha 26 de enero de  2023 quien fuera abogado general Robespierre Lizárraga Otero, respondió en oficio a la ASE que la dependencia carecía de facultades para fiscalizar a la UAS, anotando que el asunto estaba concluido por parte de la institución.

 

Personal de la ASE reprogramó la visita notificando a la UAS, que el día 30 realizarían la auditoria y de nueva cuenta Lizárraga Otero, rechazo proporcionar información, documentación y lugar para iniciar la fiscalización de los recursos propios de la institución educativa.

 

Un día antes de la separación del cargo a la rectoría Madueña Molina, anticipó que este miércoles se realizarían marchas de protesta en los 18 municipios donde están los bachilleratos y facultades,  alegando que es la marcha de la dignidad de la UAS,  debido a que el gobierno estatal ha fallado y a engañado.