La Suprema Corte de Justicia de la Nación aclaró a diputados que, en los seis años recientes, el Poder Judicial de la Federación no ha transferido recursos a sus fideicomisos y sostuvo que la compensación garantizada de fin de año, no es un privilegio y se paga a todos los servidores públicos, incluidos los legisladores.

Durante una reunión con la Comisión de Justicia, la oficial mayor de la Corte, Gisela Morales González, dijo que solamente en 2021, el Consejo de la Judicatura transfirió 960 millones de pesos al fideicomiso para la implementación de la reforma al Poder Judicial.

Además, a preguntas de los diputados reviró que la compensación garantizada como la gratificación de fin de año y otros, “son conceptos que la Ley Federal de Remuneraciones considera como percepciones ordinarias y extraordinarias de todos los servidores de todos los poderes. Todos ustedes pueden encontrar en sus recibos de nómina estos conceptos. La gratificación de fin de año forma parte de una percepción extraordinaria”.

Añadió que el Poder Judicial se apega, para estos pagos, al mismo criterio que emite el titular del Ejecutivo federal para el otorgamiento de la gratificación de fin de año e indicó que la compensación garantizada forma parte del sueldo tabular mensual.

También respondió que el Poder Judicial ha cumplido con lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que obliga al reintegro de disponibilidades a la Tesorería al cierre de cada ejercicio fiscal.

“Si revisan las cuentas públicas podrán encontrar ahí las partidas y los conceptos que, al cierre, se reintegran a la Tesorería y cuáles dieron origen a los ahorros”, dijo.

Informó que, por concepto de ahorros y economías en 2022 entre el Consejo de la Judicatura y la Corte reintegraron 2 mil 895.7 millones a la Tesorería, en cumplimiento a la Ley de Presupuesto.

Además, que han reportado a la Secretaría de Hacienda poco más de 700 millones de pesos generados entre la Judicatura y la Corte por ahorros y economías derivados de las políticas de contención del gasto.

“En ejercicio de nuestra autonomía presupuestaria, se han destinado a prioridades institucionales o que no contaron con recursos de origen. Las reorientamos a otras prioridades”, abundó.

Explicó que todos los conceptos del capítulo 1000, Servicios personales, se encuentran en el proyecto de presupuesto de la Judicatura y de la Corte y tienen como respaldo normativo o fundamento las condiciones laborales y están definidos en los manuales de remuneraciones “que publicamos y ustedes conocen”.

Señaló que, para poder cumplir las obligaciones laborales del personal sindicalizado, de confianza, de jueces y magistrados, deben preverse recursos y están en los fideicomisos que la Cámara pretende desaparecer este mismo día por la tarde.