Hoy día para nadie es un secreto, en el mundo, que los sistemas de justicia fueron diseñados y operan para hacer que sobrevivan, que se conserven en el mejor estado posible, las formas de enriquecimiento que creó el neoliberalismo.
Lo mismo en Perú que en Colombia, o en Estados Unidos, la distorsión de la idea de justicia acentuó, profundizó la brecha de la desigualdad con fallos lejanos de lo justo, pero bien sustentados en la visión de que el gobierno debe estar en la fuerza del poder económico y no en la voz de los desposeídos.
Así las cosas, en los pasillos de la suprema impunidad, donde quienes por ahí despachan entienden la vida como una división en la que en la parte más alta están ellos y luego todos los demás, se habla fuerte y quedito de la venganza que preparan los miembros del Poder Judicial en contra del gobierno de López Obrador.
Todo, para ellos, está claro hoy más que nunca, porque después de la muy posible desaparición de la casi totalidad de los fideicomisos, o mejor dicho, de haberse sentido tocados por el poder presidencial, los de la toga, sin pensar en los habitantes del país, se preparan para declarar inconstitucional la reforma eléctrica, uno de los puntos más importantes para fincar la transformación que sustenta este gobierno.
Se trata de una venganza, es decir, de lo que en la Corte se considera un ataque que merece una respuesta estilo Netanyahu, con la que pretenden decir que en este país no debería gobernar el Presidente, porque ellos, los de la suprema impunidad, tienen en sus manos la interpretación de la ley, no la ley, sino su interpretación, y ese es su trabajo.
Declarar inconstitucional la reforma que abarca los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución significa cancelar los contratos de cuando menos 34 consorcios privados que comercian, o venden, electricidad a la red nacional, y llevaría al plano de lo ilegal a otros 239, según informó Los Ángeles Times.
Esto, en el esquema del neoliberalismo, no debe suceder, y para que ello no pase está la red protectora creada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que agrega a lo dictado por el librito neoliberal la venganza. Se trata de entender que desde el Zócalo no se gobierna, que el poder está en sus vecinos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Así que nadie se sorprenda, los de la toga van a declarar inconstitucional la reforma eléctrica con todo lo que ello significa, pero en el Zócalo no están con los brazos cruzados, seguramente, frente a una acción tan obvia, ya tienen preparada una respuesta muy al estilo del propio López Obrador.
Buena parte de esa batalla ya está dicha. Para algunos ministros de la Corte no hay opción, los intereses de los capitales extranjeros que ahora operan en la industria eléctrica deben ser protegidos, aunque para ello se deben sacrificar los intereses de los más. Eso entienden por justicia esos señores.
Muy pronto sabremos de ese asunto con todas sus complejidades, y será, por si algo faltara, en pleno año electoral.
De pasadita
Sin acuerdo con los partidos políticos, el INE se apresta para tratar de imponer una regla que podría cambiar el panorama electoral en todo el país.
Resulta que ya tendrá que dictar la regla por la que cinco mujeres y cuatro hombres deberán competir en las elecciones para gobernador y jefe de Gobierno que se efectuarán junto con la presidencial.
Para algunos observadores imparciales no estaría nada mal que para el interior del país se considerara a dos mujeres y dos hombres, mientras para la capital se podría dejar que el representante o la representante surgiera de la libertad de los partidos para proponer. De esa manera se podría establecer un método más o menos justo para la injusticia. Vamos a ver.
