Integrantes de pueblos originarios, organizaciones sociales y colectivos recabarán más de 15 mil firmas en contra del Programa General de Ordenamiento Territorial, a fin de entregarlas al Congreso de la Ciudad de México el 14 de noviembre, informó el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac.
Con el propósito de dar legitimidad a dicho programa, el Instituto de Planeación informó que recibió 14 mil 491 participaciones y concluyó 12 procesos de consulta con pueblos o barrios originarios, lo cual apenas representa el 6 por ciento del total.
Ante ello, dijo, diversas organizaciones iniciaron una campaña de recolección de firmas tanto en formato digital (en la plataforma Change.Org) como impreso, para dar cuenta de que existen más personas en contra del proyecto que se encuentra en el Congreso.
Se trata, abundó, de demostrar que se trata de un documento que carece de legitimidad, por lo que ya se organizan brigadas por demarcación territorial en escuelas y afuera de mercados y plazas públicas, para recabar dichas firmas.
Hasta el momento, en la plataforma Change.org se tienen 11 mil firmas en contra del proyecto, las cuales fueron obtenidas en poco más de dos semanas, lo que contrasta con los seis meses que tuvo el Instituto para obtener las 14 mil 491 participaciones.
Así que, convocaremos a una gran jornada de recolección de firmas en plazas públicas de la Ciudad de México el sábado 11 y domingo 12 de noviembre, y “seamos más quienes nos oponemos a ese proceso”, señaló.
Mientras, este miércoles se realizará una manifestación a las 11 horas en la estación del metro San Antonio Abad, para rechazar al programa y la exigencia de reposición de la consulta a pueblos y barrios originarios.
Para los promoventes de esta campaña, el PGOT es un texto inacabado que flexibiliza la oportunidad de construcción en zonas que deberían ser para la conservación ambiental al dejar abierta la posibilidad de eliminar el Programa General de Ordenamiento Ecológico.
Además de que no pone ningún candado o restricción a temas prioritarios, como la sobreextracción de agua por el sector comercial, industrial e inmobiliario, o instrumentos que impidan el encarecimiento de la vivienda.
