En el proceso de actualización del registro nacional de personas desaparecidas, persiste la desconfianza entre los colectivos de familiares de víctimas sobre los resultados que arrojará este ejercicio.

En entrevista, integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, Proyecto de Búsqueda de Guanajuato y Mariposas Buscando Corazones y Justicia manifestaron que desconocen la metodología de ese censo y criticaron que sean Servidores de la Nación, quienes preguntan a las familias si “ya regresaron sus hijos”, sin mayor preparación y revictimizándolas.

Grace Fernández, quien busca a su hermano Dan Jeremeel desaparecido en 2008 en Coahuila, señaló que incluso las víctimas son “acusadas directamente de estar ocultando”información sobre los desaparecidos.

El personal de la Secretaría de Bienestar también “anduvo preguntando en la calle ‘si sabían de alguien desaparecido’. Van dando palos de ciego”, reclamó Hermelinda Ruiz, del colectivo Mariposas Buscando Corazones.

Olimpia Montoya, coordinadora del Proyecto de Búsqueda Guanajuato, coincidió en que no existe claridad en cómo se está realizando el censo para actualizar el registro nacional. Visitan el domicilio de la víctima, pero “sin un protocolo de actuación, donde no tienen ellos la sensibilidad para abordar a la familias”.

Las integrantes de los colectivos respondieron a lo dicho por el titular del Ejecutivo federal, respecto a que en esta administración no se han dado órdenes de desaparecer personas.

Fernández, del colectivo Fuerzas Unidas, señaló que el nulo combate a la impunidad y a la delincuencia sobre los desaparecidos, agravan esta problemática, aunque no necesariamente se den “órdenes directas de desaparecer o reprimir a la población”.

Ruiz, cuyo hijo Roberto Córdova desapareció desde agosto de 2020 en Tamaulipas, expuso que las personas desaparecen “por una especie de permiso que les dan con la impunidad”, al grado que son las familias, y no las autoridades, las que encuentran las fosas.

Expuso que hay más de 112 mil personas desaparecidas, de los cuáles sólo en 38 casos son judicializados y hay ocho sentencias condenatorias.

Para Montoya, las desapariciones de personas “es una de las principales problema¿ticas” que está teniendo México, que “sumado al rezago forense que hoy tenemos, es un tema fuertísimo”.