Por el contexto regional de disputa de proyectos, las elecciones presidenciales en Ecuador son cruciales también a esa escala, pues además del antagonismo entre el enfoque neoliberal y un proyecto de soberanía, concurren en el escenario actores externos a la política y a lo electoral, con una agenda enfocada en proyecciones geoestratégicas hemisféricas y en intereses del capital financiero, así como corporativo transnacional, entre otros.
Hay una recia disputa en las elecciones ecuatorianas, pues si en la primera vuelta el binomio Luisa González-Andrés Arauz del Movimiento Revolución Ciudadana obtuvo el primer lugar, con unos 10 puntos de ventaja sobre el candidato Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional, en el ballotage las relaciones de fuerza han cambiado. Si bien hay indicios de una redición de ese mismo escenario de victoria, también se habla de un empate técnico.
González ganó la primera vuelta con la promesa de retomar los ejes de Revolución Ciudadana, que gobernó entre 2007 y 2017. Su programa enfatiza en el bien común, la reinstitucionalización del país y cambios socioeconómicos y geopolíticos. En ese resultado fue gravitante la adhesión popular de su movimiento y su líder, Rafael Correa, que a pesar de una pertinaz persecución política que lo mantiene en exilio, es el político con más alta popularidad en el país.
En la segunda vuelta, Luisa González tuvo que medir fuerzas con la maquinaria de marketing político de Daniel Noboa, que desplegó una campaña millonaria, cortejando al voto joven y millennial y disputando la adhesión de 15 por ciento de indecisos, para lo cual no dudó en ocultar su agenda neoliberal e incluso imitar los argumentos de la candidata progresista. Mientras, de modo complementario su binomio, Verónica Abad, con posturas de extrema derecha, se agració con los sectores más conservadores aduciendo que los derechos sociales y de género deben desaparecer.
El elemento más previsible para el análisis del empate técnico es el “espíritu de cuerpo” de la derecha, que cerró filas en torno a intereses económicos que marcaron en todo momento el tono de la contienda. En la primera vuelta, de las ocho candidaturas sólo la de Revolución Ciudadana respondió a la dinámica programática de un movimiento político; las otras se presentaron en partidos que alquilaron su registro electoral a empresarios, que utilizan el escenario político para intensificar sus réditos privados y ahora están con Noboa.
En el campo de comicios ecuatorianos los poderes del neoliberalismo están muy presentes. Los más visibles son los medios de comunicación corporativos, que ya no sólo abogan por la candidatura de la derecha, sino que actúan como voceros de los consorcios comunicacionales y económicos. Pero éste es solo un indicio de que en las elecciones interviene una multiplicidad de actores, cuyo campo de acción no es necesariamente el político ni el electoral, sino principalmente el de la geoeconomía, donde el capital extranjero y las grandes corporaciones colocan las prioridades, a las que se articulan los grandes, pequeños o medianos capitalistas locales, que anhelan posicionarse en la dinámica apátrida del mercado total.
Estas dinámicas se verifican en el caso del fortalecido poder del capital financiero, que está dispuesto a todo para seguir en primera línea y beneficiándose de recursos públicos. También es el caso de las corporaciones trasnacionales, que volvieron a posicionarse con el retorno al neoliberalismo (2017) y aspiran a apoderarse de los recursos y ecosistemas requeridos para la transición al capitalismo verde y digital que está en marcha en los países del Norte, además de seguir en los ámbitos usuales: petróleo, agricultura, minería y otros.
El panorama no estaría completo sin mencionar al sector de los negocios de la destrucción, los vendedores de escenarios de caos y modelos de seguridad, que en Ecuador ocupan un lugar importante desde que, con la liberalización del mercado y la desinstitucionalización, dejó de ser el segundo país más seguro de la región y pasó a ser uno de los más violentos. En esa línea figuran grupos asociados a capitales ilícitos, que forman parte del mercado total y actúan en un nicho de la creación de caos, así como en el tráfico de drogas, venta de órganos, trata de personas, etc. Esas mafias, presentes en las más altas instancias del gobierno, imponen una inseguridad inédita.
Por otro lado, Ecuador es una pieza del rediseño geoestratégico de Estados Unidos en la región andina. En los últimos años ha suscrito importantes acuerdos de seguridad y defensa que establecen un compromiso a medio plazo; el más reciente consiente el desembarco de tropas para “combatir al narcotráfico”. El Senado de Estados Unidos adoptó la Ley de Asociación entre ese país y Ecuador de 2022 /DAV 22083 65X, ley de aplicación extraterritorial que inhibe los derechos de autodeterminación del segundo y lo compromete como contraparte de sus aspiraciones geopolíticas y sistémicas.
Así, el reto electoral se presenta como camino sin retorno: está en juego la permanencia de la noción de país, debido a los compromisos geopolíticos, económicos y estratégicos que son parte de la agenda neoliberal, frente a la cual Revolución Ciudadana antepone un proyecto de soberanía y bien común, acorde con la Constitución del Buen Vivir, vigente.
*Socióloga ecuatoriana
