La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que personal de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) ha incurrido en dilaciones y omisiones para investigar y esclarecer los homicidios de dos periodistas en Playa del Carmen, el de Rubén Pat Cahuich, director del semanario Playa News Aquí y Ahora, ultimado el 24 de julio de 2018, y el de Francisco Romero Díaz, reportero policiaco y ex dueño del portal digital Ocurrió Aquí, el 16 de mayo de 2019.
En la Recomendación 146/2023, dirigida al fiscal general del estado, Raciel López Salazar, la CNDH señaló que en el caso de Pat Cahuich encontró que el Informe Policial Homologado que se elaboró el día de los hechos registró “una mancha roja a un costado del vehículo” en el que viajaba la víctima, por lo que se tomó una muestra con hisopos para su fijación, sin embargo no existe constancia que acredite el ingreso de dicha prueba a la Bodega de Indicios de la Fiscalía estatal y se desconoce su paradero.
Tampoco se interrogó a un testigo de los hechos sobre la presunta relación de la víctima con una persona que fue señalada como responsable del crimen.
Por otro lado, la esposa del periodista señaló que éste había perdido su teléfono celular antes de su fallecimiento; no obstante, las autoridades omitieron corroborar e investigar la presunta utilización de ese aparato por una tercera persona relacionada con la víctima, pues la línea seguía operando por medio de servicios de mensajería instantánea.
Además de ello, expuso la CNDH, las autoridades de la FGE en ningún momento solicitaron la colaboración de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Fiscalía General de la República (FGR).
No investigaron si el vehículo que usaba la víctima cuando fue asesinada se encontraba relacionado con algún hecho delictivo ni cumplieron la solicitud para realizar un peritaje urgente al mismo; “no dieron seguimiento a las acciones emprendidas para la localización e identificación del presunto responsable ni entrevistaron al personal de servicio médico que intervino el día de los hechos; omitieron recolectar los registros de cámaras de seguridad aledañas y, a más de 29 meses del homicidio, se detectó un recordatorio de investigación para ubicar testigos, documentos y archivos necesarios para el esclarecimiento del caso, el cual no fue atendido”, expuso.
Por lo que hace al asesinato de Romero Díaz, la CNDH acreditó que un empleado del establecimiento donde se cometió el homicidio señaló que en ese lugar laboraban, cuando menos, 20 personas y, a pesar de eso, la autoridad ministerial sólo interrogó a cuatro de ellas. Tampoco se buscó en las redes sociales el perfil de un presunto involucrado, “lo que demuestra falta de debida diligencia y la pérdida de una posible línea de investigación; así como la ausencia de una orden para investigar a una persona más, quien presuntamente ordenó, vía telefónica, llevar a cabo la ejecución del periodista”.
De igual manera, señaló la Comisión, existen testimonios que indican que el lugar de los hechos no fue debidamente resguardado por la policía municipal, lo que pudo ocasionar la pérdida, destrucción o alteración de indicios; a lo cual se suma dilación para la búsqueda y localización de testigos y objetos relacionados con lo acontecido; la identificación del autor o partícipe del delito y la investigación de cámaras de seguridad en casas habitación o avenidas cercanas que pudieran arrojar información importante.
Derivado de lo anterior y al acreditar violaciones a los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, así como de acceso a la justicia por falta al deber de diligencia en la investigación de dichos homicidios, la CNDH solicitó a la FGE Quintana Roo la reparación integral del daño y colaborar en el seguimiento de la denuncia que la comisión presente ante el Órgano Interno de Control de esa dependencia para deslindar responsabilidades y en la denuncia de hechos que se presente en contra de las personas servidoras públicas.
También tendrá que instruir la capacitación de sus funcionarios en temas de derechos humanos, acceso a la justicia, procuración de justicia y la aplicación del Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, con el objeto de que hechos como los documentados no se vuelvan a repetir.
