Ciudad de México. El gobierno de México dará beneficios fiscales a las empresas exportadoras de 10 sectores que se consideran estratégicos para el país, en el marco de la relocalización de las cadenas de suministro a nivel mundial, conocida como nearshoring. Los beneficios serán exclusivos para firmas que reciben más de la mitad de sus ingresos de las ventas al extranjero, destaca un decreto publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Los sectores de componentes electrónicos, semiconductores, baterías, motores, equipo eléctrico/electrónico, fertilizantes, farmacéutica, agroindustria, instrumentos médicos y cinematografía podrán beneficiarse de la deducción acelerada de inversiones, que varía de 56 por ciento a 89 por ciento en 2023 y 2024, y de una recorte adicional de 25 por ciento durante tres años para gastos de capacitación de trabajadores.

Los sectores beneficiados fueron seleccionados con base en cuatro criterios: que sean de alta productividad; con vocación exportadora; que tengan impacto del sector en la economía por conducto de efectos multiplicadores, y capacidad para atender un aumento en la demanda de exportaciones hacia Estados Unidos de América como consecuencia de una potencial reducción del flujo comercial desde otras regiones, se detalla en el DOF.

Los incentivos –que entran en vigor este 12 de octubre– están disponibles en todos los estados y municipios del país, explicó en una publicación de redes sociales el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio González. Aplicarán lo que resta de 2023 y se extenderán a 2024 y 2025, pese al déficit fiscal con el que navegará en su último año el actual gobierno.

Los beneficios sólo aplicarán a las empresas exportadoras que pertenezcan a los sectores identificados como claves, enfatiza el decreto. El objetivo es ubicar a México como un destino favorable para establecer sus operaciones y aprovechar los incentivos fiscales otorgados, dado que la actividad exportadora aumenta el ingreso de divisas al país y mejora la balanza comercial, lo que a su vez aumenta la confianza de inversionistas y socios comerciales en el país, argumentó.

Las empresas que busquen este beneficio están obligadas a acreditar que más de 50 por ciento de sus ingresos provienen de exportaciones. Y, con el fin de facilitar el control por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), las beneficiarias deben llevar un registro específico de las inversiones por las que se aplicó la deducción inmediata. El organismo fiscalizador podrá emitir las reglas de carácter general necesarias para la debida y correcta aplicación de este decreto, explicó Hacienda.