En la presentación del primer informe de la Comisión para el Acceso a la Verdad sobre la guerra sucia, el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) reiteró la falta de colaboración del Ejército y denunció que en las últimas semanas, las negativas “se multiplicaron e incluso derivaron en que el personal militar incurriera en prácticas de ocultamiento por medio de alteración, mutilación e inutilización total o parcial de expedientes”.

Asimismo, se dio a conocer por parte del equipo de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) que se identificó que personas detenidas y desaparecidas entre 1960 y 1990 “fueron llevadas a la fosa común del panteón de Dolores”.

El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien preside la comisión, expuso que hay datos de integrantes de la Liga 23 de Septiembre que fueron registrados en el libro de registros del panteón, “que fueron inhumados en la fosa común”, hecho -dijo- que se debe esclarecer.

Destacó igualmente que en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, tras la obtención de testimonios, se realizó la exhumación de restos óseos pertenecientes a siete personas, que están en proceso de identificación forense.

En la segunda sesión extraordinaria de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a1990, Encinas subrayó que el trabajo que se ha desarrollado en la materia no tiene precedente en la historia del país.

Lo anterior, sostuvo, “derivará sin lugar a dudas, en la construcción de una nueva narrativa de los hechos suscitados en el registro de las violaciones graves cometidas a los derechos humanos entre 1965 y 1990, como parte de un proceso de construcción colectiva de muchas de las verdades que cada una de las víctimas, de los familiares, de los testigos, de quienes se vieron afectadas sobre estos hechos, nos va a permitir tener certeza y claridad de ¿qué pasó?, ¿cómo pasó? y ¿quiénes fueron los responsables de esos hechos?”.

En su turno, en el salón Revolución de la Secretaría de Gobernación, David Fernández Dávalos, experto del MEH, denunció “la obstaculización de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en las tareas de consulta de la documentación histórica” que es resguardada en archivos militares. Con ello, dijo, se “perpetúa el ciclo de impunidad, opacidad e injusticia”.

Lo anterior, resaltó, derivó en que los investigadores fueran retirados de los archivos de la Sedena.

Mencionó que a medida que avanza la investigación, lo que inició como una colaboración pasiva se convirtió “en una obstrucción activa en la que se desacató la instrucción presidencial de cero ocultamiento y cero impunidad”.

Explicó que entregaron al subsecretario Encinas “un informe privado” en el que se reportan la serie de hechos “que podrían ser constitutivos de delitos en la obstrucción de la consulta de archivos”.

Detalló que entre las incidencias están que los archivos que ya conocían cómo estaban compuestos, “se nos entregan con las hojas cambiadas, con archivos de otros lugares y con hojas arrancadas”.

Aunado a ello, en el informe de la comisión para el Acceso a la Verdad se da cuenta de que, aunque como parte del proceso de coordinación con la Sedena, se había establecido la posibilidad de que personal militar en activo o en retiro, que pudiera tener información relevante, brindara su testimonio, en marzo de 2023 se convocó a 368 militares; sin embargo, en junio de 2023, la secretaría respondió negativamente a la petición.

Al respecto, el subsecretario Encinas aseveró que están en gestiones para que la instrucción del jefe del Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador se cumpla “a fin de que esta información se entregue plenamente, más aún cuando en este caso es muy clara la legislación de nuestros país de que no hay reservas de información en materia y violaciones graves a derechos humanos y estamos convencidos de que el Presidente coadyuvará a que se cumpla esa instrucción y se tenga acceso a los archivos”.

En la presentación del informe también participaron Félix Santana Ángeles, secretario ejecutivo de la comisión, quien reconoció que a la fecha aún no se han designado a los expertos que serán parte del Comité de Impulso a la Justicia, el cual se encuentra acéfalo, tras la renuncia y salida de sus tres integrantes.

“Al día de hoy, tenemos varios currículums han hecho varias aportaciones y estamos en el análisis para que a la brevedad se puedan hacer el nombramiento y se mantenga este impulso a la justicia dentro del comité”, dijo.

No obstante, aseguró que en esta área se tiene “un avance importante, los dos objetivos fundamentales de este mecanismo es la elaboración de un diagnóstico del estado que guardan las averiguaciones previas y las carpetas de investigación radicadas tanto a la Fiscalía General de la República, como en las fiscalías locales, relacionadas con las violaciones graves de los derechos humanos cometidas del 65 al 90”. Y en cuanto a la elaboración de una propuesta para la creación de una fiscalía especializada.

Por su parte, la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Martha Yuriria Rodríguez, presentó el plan especial de Reparación y Compensación a las víctimas de estos hechos.

Igualmente se dio a conocer que se han levantado 831 testimonios de personas en 20 entidades de la República; el registro documental en 87 acervos; la inspección en seis instalaciones militares.