Nueva York. En sus dos décadas como soplón profesional en el mundo de las drogas, Jorge Hernández fue un maestro de la traición.

Mintió a sus supervisores, amenazó con desenmascarar a otros informantes e incluso admitió haber matado a tres personas durante sus días como traficante de cocaína. Pero una y otra vez, aprovechó sus amplios contactos en el mundo del narcotráfico para sobrevivir, evitar pisar la cárcel y seguir ganando dinero.

Ahora, Hernández ha vuelto a darle la vuelta a las cosas, esta vez contra la misma agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) que lanzó su lucrativa carrera como solucionador de problemas para traficantes, fiscales y abogados defensores por igual. Y ha entregado su trofeo más explosivo hasta el momento: dos agentes veteranos de la DEA acusados de conspiración por soborno por 73.000 dólares, un cargo relacionado con la filtración de información sobre investigaciones de drogas en curso.

Hernández, un hombre fornido y calvo conocido por su apodo de Boliche, realizó grabaciones secretas para el FBI y se espera que desempeñe un papel clave este mes en el juicio federal en Manhattan de los exsupervisores de la DEA Manny Recio y John Costanzo Jr. Es un caso que amenaza con exponer la parte más sórdida de la DEA, que ha visto como al menos 18 de sus agentes son acusados o condenados por delitos desde 2015, muchos de ellos por tener una relación inapropiadamente cercana con los informantes.

En medio de este mundo, hay un círculo ferozmente competitivo de costosos abogados defensores en Miami a los que se hace referencia con ligereza como la “barra del polvo blanco”. Su actividad comercial no consiste tanto en los puntos más finos de la ley, sino en luchar para conseguir que capos sean sus clientes, antes de que siquiera seque la tinta en sus acusaciones, y así negociar acuerdos de rendición y convertirlos en cooperadores del gobierno.

Es un mundo en el que informantes como Hernández prosperan al comerciar con información —a quién se le acusará y cuándo—, dijo Steven Dudley, cofundador de Insight Crime, un centro de investigación enfocado en Latinoamérica.

“Él es un elemento esencial en un sistema corrupto que trabaja para presentar casos y ganar dinero”, explicó Dudley.

“Cuando se presentan los casos, todos ganan”, agregó. “Los narcos reciben sentencias más cortas y se quedan con parte de sus ganancias, los fiscales y agentes obtienen ascensos y los abogados se quedan con una fortuna. La única perdedora es la Justicia”.

Este caso es sólo el último bochorno para la DEA, tras el arresto de un destacado agente en Colombia que lavó dinero para los cartéles y gastó generosamente en joyas de Tiffany y viajes VIP, y otro que fue acusado de aceptar 250.000 dólares en sobornos para proteger a la mafia en Buffalo, Nueva York.

El papel central de Hernández en el último caso surgió de una revisión que The Associated Press hizo de cientos de registros judiciales, algunos de los cuales nunca han sido revelados públicamente, y de entrevistas con 12 funcionarios en activo y retirados familiarizados con su carrera como informante confidencial, incluidos varios que hablaron bajo condición de anonimato dada la sensibilidad del asunto.

Los abogados de Recio y Costanzo han expresado su preocupación en documentos judiciales sobre los antecedentes penales de Hernández, en particular por las tres personas que admitió haber matado antes de convertirse en informante. Pero los fiscales insisten en que es confiable y señalan registros bancarios y llamadas telefónicas intervenidas que aseguran que corroboran su testimonio.

“Sólo porque alguien haya cometido delitos no significa que descartemos de inmediato todo lo que dice”, dijo el fiscal federal adjunto Sheb Swett a un juez a principios de este año.

Ni la DEA ni el Departamento de Justicia respondieron a las solicitudes de comentarios. Hernández colgó cuando la AP lo contactó.

“Llama al servicio al cliente de el departamento de justicia ellos,”respondió más tarde en un mensaje de texto. ”Aallá tienen toda la información que tú deseas".

Los registros judiciales muestran que Hernández, de 56 años, comenzó su ascenso criminal en la década de 1990 al despachar enormes cargamentos de cocaína para las Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo paramilitar que luego se transformó en una de las organizaciones de narcotráfico más grandes del mundo.

En 2000, después de que supiera que había una orden para asesinarlo, huyó a la vecina Venezuela, donde fue arrestado por la policia. Despues de pagar un soborno para su liberacion, se acercó a la DEA para convertirse en informante.

Según todos los indicios, Hernández demostró ser experto en ayudar a elaborar casos, y desarrolló la reputación de ofrecer resultados, pero también un comportamiento agresivo hacia amigos y enemigos por igual.

Los agentes se volvieron tan dependientes de la red de más de 100 informantes de Hernández en toda Latinoamérica y el Caribe que le proporcionaron un teléfono y un escritorio en la sede en Tampa, Florida, de la Operación Panamá Express, un grupo de trabajo federal antinarcóticos que combina recursos del FBI, la DEA, la Guardia Costera de Estados Unidos y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

No obstante, personas familiarizadas con el pasado de Hernández dicen que la suerte se le acabó en 2008 cuando fue grabado al amenazar con exponer a informantes federales como soplones, a menos que le pagaran para que guardara silencio. Los registros judiciales muestran que la DEA rescindió abruptamente su acuerdo de cooperación y él regresó a Venezuela.

Pero cuando se cerró una puerta, se abrió otra. A pesar de haber sido excluido como informante, Hernández se mantuvo en estrecho contacto con la DEA y en 2016 conoció a Costanzo, quien supervisaba a los agentes en Miami que investigaban al empresario colombiano Alex Saab, un presunto intermediario de dinero del presidente venezolano, Nicolás Maduro. En algún momento, Hernández también recibió transferencias de dinero en nombre de Saab desde cuentas en el extranjero y fue excluido del caso, dijeron personas cercanas a la investigación.

Poco después, Hernández comenzó a cooperar con el FBI en Nueva York, que tenía su propia investigación sobre Saab. Esta vez su pago no fue en efectivo —sino en intentar evitar que él mismo fuera expuesto.

En 2017, Hernández conectó a Saab con Bruce Bagley, un experto en narcotráfico de la Universidad de Miami. A instancias de Hernández, Bagley recibió tres millones de dólares de cuentas controladas por Saab en los Emiratos Árabes Unidos y Suiza. Luego transfirió el dinero a Hernández, dijeron los fiscales, creyendo que sería remitido a los abogados estadunidenses de Saab, quienes negociaban en secreto un acuerdo para que Saab se volviera contra Maduro.

Pero el profesor admitió quedarse con una comisión de 10 por ciento y en 2021 fue condenado a seis meses de prisión por lavado de dinero.

Personas familiarizadas con el caso dijeron a la AP que, en 2021, Hernández también fue acusado —en un caso bajo reserva— del mismo esquema de lavado de dinero y eso pudo haberlo empujado a seguir cooperando.

Los documentos judiciales muestran que, a principios de 2019, bajo la dirección del FBI, Hernández grabó conversaciones con Recio, así como con Luis Guerra, abogado de Miami, en las que discutieron el reclutamiento de personas ligadas con las investigaciones de la DEA como clientes, utilizando información confidencial supuestamente proporcionada por Costanzo. Recio se había retirado recientemente de la DEA y trabajaba como investigador privado con Guerra y David Macey, otro abogado.

Recio es señalado en la acusación de hablar cientos de veces por un celular desechable que le compró a Costanzo para supuestamente coordinar búsquedas ilegales en bases de datos criminales. A cambio, Recio supuestamente dirigió compras por un total de 73 mil dólares a Costanzo, incluidos boletos de avión y el pago inicial de un condominio. Los fiscales no alegaron en la acusación que los abogados estuvieran al tanto de esos obsequios.

También estuvieron bajo escrutinio conversaciones entre Recio y Costanzo sobre planes confidenciales de la DEA en 2019 para arrestar a otro cliente potencial. César Peralta era un traficante de alto nivel en República Dominicana que pudo eludir la captura durante más de cuatro meses a pesar de una búsqueda masiva que involucró a 700 agentes del orden, según documentos judiciales y personas familiarizadas con el caso.

La tarea de contactar a los sospechosos de drogas para dirigirlos hacia los abogados de su elección fue asignada a Hernández, a quien supuestamente se le prometió una generosa parte de los honorarios legales.

“No le digas a nadie de dónde viene esa información”, le dice Guerra a Hernández en una conversación grabada, según documentos judiciales y personas familiarizadas con el caso. “Hazlo como tú siempre lo haces, hermano. usando tu magia”.

Los fiscales declinaron decir si algún abogado ha sido o será acusado. Los abogados de Recio y Costanzo no respondieron a las solicitudes de comentarios, ni tampoco Macey o Guerra.

Costanzo, quien fue suspendido después de ser acusado, negó en una entrevista con el FBI en 2019 haber tomado jamás algo de valor. Pero reconoció que él y otros agentes a veces avisaban a los abogados defensores como parte de su misión para alentar a los sospechosos a entregarse y cooperar.

“Hemos estado haciendo esto por años”, dijo.

En cuanto a Hernández, todavía está involucrado en la comunidad legal de Miami y dirige Hernández de Luque Brothers, anunciada en su sitio web como un “nueva clase de consultoría para un mundo cambiante".

“Una parte integral de nuestros servicios es trabajar en estrecha colaboración con nuestros clientes para que puedan tomar las decisiones correctas en la selección del abogado adecuado".