Guatemala. Agentes antidisturbios de la Policía Nacional de Guatemala lanzaron ayer gas lacrimógeno a manifestantes en una aldea de Chimaltenango, a unos 50 kilómetros de esta capital, y aquí intentaron dispersar a indígenas y campesinos que se movilizan desde hace más de una semana en defensa de la democracia, pero ante el operativo policial llegaron más personas para reforzar la protesta.

Los manifestantes exigen la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras; el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, y el juez séptimo penal, Fredy Orellana, a quienes acusan de tratar de impedir que el presidente electo, Bernardo Arévalo, asuma el poder el 14 de enero.

No se informó de detenidos ni heridos en Chimaltenango, donde se encuentra una presa cuyas instalaciones pretendían tomar los manifestantes, que aclararon que no era su intención interrumpir el sumistro del líquido.

La represión siguió a la orden del gobierno del presidente saliente, Alejandro Giammattei, de movilizar a policías antimotines para tratar de contener a los miles de manifestantes, en su mayoría indígenas y campesinos, mientras la Organización de Estados Americanos (OEA) sesionaba en rechazo a las acciones de la fiscalía contra el proceso electoral.

Decenas de policías arremetieron contra manifestantes pasado el mediodía en un sector urbano de la ciudad de Guatemala, pero ante la confrontación policial aparecieron más ciudadanos que impidieron el desalojo.

Los líderes de las organizaciones indígenas y sociales que mantienen desde hace 10 días un paro cívico nacional en defensa de la democracia advirtieron que continuarán las protestas y responsabilizaron al gobierno de las consecuencias de la orden de reprimir.

No somos un pequeño grupito, somos el pueblo y estamos exigiendo respeto porque estamos cansados de tantas injusticias. Resistiremos en esta lucha hasta alcanzar el objetivo, señaló Edgar Tuy, funcionario de la alcaldía indígena de Sololá, departamento de la región suroccidental del país.

Mientras, la OEA sesionaba para hacer seguimiento a la situación. Ahí, Arévalo llamó al mecanismo hemisférico a exhortar al gobierno a poner fin al acoso de la fiscalía, porque, expuso, a veces los golpes de Estado no se dan con bayonetas, sino desde las cortes.

Lo que estamos viviendo en nuestro país es una persecución política por medio de acciones judiciales sin fundamento real, insistió Arévalo.

El secretario general del organismo, Luis Almagro, calificó de sesgadas e irracionales las acciones de la fiscalía guatemalteca contra el proceso electoral que dio la victoria a Arévalo.

En contraste, el canciller guatemalteco, Mario Búcaro, se refirió en su intervención a que había habido episodios de vandalismo y aseguró que eso afecta a millones de personas.

La aerolínea mexicana Volaris suspendió los vuelos con destino y origen a Guatemala debido a los bloqueos en carreteras que, según dijo, impiden el abastecimiento de combustible.

Aeronáutica Civil confirmó la decisión de Volaris, pero aseguró en un mensaje en video que los vuelos salientes y entrantes de otras aerolíneas transcurren con normalidad, y ratificó que se tiene combustible para reabastecerlos en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en Ciudad de Guatemala.

La fiscalía realiza acciones judiciales contra Arévalo, el Movimiento Semilla –partido que lo llevó a ganar la presidencia–, al cual investiga por presuntas firmas falsas para su registro, así como a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y a más de 100 mil ciudadanos que participaron en la recepción, conteo, resguardo y digitalización de votos y actas que certificaron la victoria.

La noche del lunes, sujetos no identificados se infiltraron en las protestas y causaron destrozos en la capital. Las movilizaciones han sido pacíficas en los departamentos, pero en la capital comenzaron acciones violentas después de que la fiscal Porras anunció en un video grabado que había saqueos, algo que aún no se había reportado.

Por su parte, Giammattei advirtió que no se tolerarán actos fuera de la ley y abogó por encontrar formas de diálogo; más tarde, la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional que garantiza el libre ejercicio de los derechos de reunión pacífica y de manifestación, así como la libertad de pensamiento, y reiteró su compromiso para continuar preservando el orden.

A la vez, pidió coordinar acciones que garanticen que los guatemaltecos realicen sus actividades diarias sin que resulten afectados por el ejercicio del derecho a manifestarse, protegiendo el derecho a la vida, la salud, la seguridad y la paz.