Este jueves se celebrará, como cada año, la entrega de los Premios de Derechos Humanos Letelier-Moffitt.
Los galardonados nacionales (estadunidenses) serán Black+Pink, organización afroestadunidense fundada en 2005 que se dedica a luchar por el derecho a la diversidad sexual, así como por los de personas con VIH/sida. El premio internacional se entregará a Tutela Legal Doctora María Julia Hernández, destacado grupo de abogadas y educadoras en El Salvador, comprometido con la defensa de miles de personas inocentes que han sido detenidas bajo el estado de excepción impuesto por el presidente Nayib Bukele, revictimizando a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil de ese país.
Desde 1978, el Institute for Policy Studies (IPS) hace entrega en Washington de estos premios en honor a sus colegas Orlando Letelier y Ronni Moffitt, quienes fueron asesinados dos años antes, el 21 de septiembre de 1976, por agentes del dictador chileno Augusto Pinochet.
En 2012 el premio se entregó al Movimiento Estudiantil Chileno y, en 2021, uno de sus líderes, Gabriel Boric, fue elegido presidente del país. Este 23 de septiembre, Boric pronunció un emotivo discurso en el lugar del asesinato de Letelier y Moffitt, el Sheridan Circle de Washington, como parte de la ceremonia anual de IPS y en el contexto del 50 aniversario del golpe de Estado en Chile de 1973 –apoyado por EU– que derrocó al presidente Salvador Allende. Recomiendo ver el video con los discursos de Boric, del congresista estadunidense Jamie Raskin y de los hijos del fallecido Orlando Letelier, el ex senador chileno Juan Pablo Letelier y el renombrado muralista Francisco Letelier, contando con Sarah Anderson, del IPS, como maestra de ceremonias (https://tinyurl.com/2z324k98).
Como dice Tope Folarin, director ejecutivo de IPS, “estamos orgullosos de honrar a dos organizaciones que no sólo encarnan el espíritu y el legado de nuestros colegas caídos del IPS, sino que están exigiendo responsabilidad y justicia para las comunidades marginadas, dándoles una plataforma y una voz”. Agradecemos desde IPS al Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (www.cispes.org), a la Fundación SHARE (share-elsalvador.org) a la Washington Ethical Society (ethicalsociety.org), entre muchas otras, por su apoyo a la delegación de Tutela Legal que viene desde El Salvador.
El contexto es alarmante. Desde que Bukele fue elegido presidente en 2019, su partido tomó un control supermayoritario de la legislatura y su primera acción fue destituir ilegalmente al fiscal general y a cada miembro de la sala constitucional de la Corte Suprema e imponer sus propios remplazos. Bukele también violó el histórico Acuerdo de Paz –Acuerdo de Chapultepec de 1992– calificándolo de “farsa”, a pesar de ser una de las transiciones a la democracia más exitosas del hemisferio occidental y con mayor apoyo internacional. En cambio, ha prometido duplicar el tamaño del ejército destinándole la mayor parte del presupuesto nacional.
El estado de excepción de Bukele, que suspende el debido proceso y derechos constitucionales, se ha prorrogado de 30 días a más de 18 meses. Bajo poderes totalitarios, decenas de miles de personas han sido detenidas sin orden judicial, se han cometido tratos crueles, inhumanos, degradantes y ha construido la mayor prisión del hemisferio occidental, de dimensiones dantescas. Además, Bukele ha dado inicio a su campaña para relegirse en los comicios de 2024, pese a que la Constitución de El Salvador, como la de México, impide la relección presidencial.
Por eso es tan importante el premio Letelier Moffitt a Tutela Legal. Sus directores, Alejandro Díaz y Ovidio González, arriban esta semana a Washington, acompañados de Vidalina Morales, de la Asociación de Desarrollo Económico y Social de Santa Marta (www.adessantamarta.sv). Ella es lideresa histórica en la lucha por la defensa del agua; recibió el premio Letelier-Moffitt en 2009 representado a la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica de El Salvador, por haber logrado una moratoria a la minería metálica, que años después, en 2017, se convertiría en ley. Tememos que Bukele la pretende revertir, a pesar de que El Salvador sea el país con mayor carencia de agua en el hemisferio.
En su discurso a ser leído durante la ceremonia el 12 de octubre, Alejandro y Ovidio contarán cómo “Tutela Legal MJH trabaja en condiciones desfavorables dentro de un Estado que ha eliminado la incipiente democracia que se había construido, donde han retrocedido los avances en derechos humanos que se lograron con los Acuerdos de Paz de 1992, donde cada día se militariza la sociedad y el actual gobierno de Bukele ha cooptado las instituciones y poderes del Estado; ha exacerbado en los sentimientos de la población la venganza y la división de la sociedad con una propaganda mediática y tecnológica abrumadora, ha destituido a todos los jueces mayores de 60 años y los ha sustituido por jueces que están en deuda con él mismo; ha declarado nueve estados de excepción consecutivos; bajo esos poderes totalitarios, se ha arrestado a más de 80 mil personas”. Y como “entre los arrestados se encuentran 16 líderes sindicales y los cinco defensores del agua de los que nos viene a hablar Vidalina, se han capturado periodistas y personas defensoras de derechos humanos, se continúa difamando, amenazando y aprobando leyes que criminalizan el trabajo en derechos humanos, también hay más de 400 sindicatos desarticulados ilegalmente”.
Sobre todo, Alejandro, Ovidio y Vidalina vienen a decir a la comunidad de derechos humanos en Washington y al mundo que Bukele no ha tenido éxito en su objetivo de aterrorizar al pueblo de El Salvador.
*Investigador del Institute for Policy Studies de Washington DC • www.ips-dc.org
