Nicolás Romero. Méx. Una madre de familia exigó justicia para su hijo que, a los 14 años de edad, fue atropellado por un camión que, al impacto, le cercenó la pierna derecha. El hecho ocurrió el 12 de enero del 2022. Después de más de un año y diez meses, la juez de caso no encontró elementos para vincular a proceso presunto responsable; la víctima fue desprotegida, sin indemnización y sin posibilidades de que el responsable le financié una prótesis.

Lucía Mendoza López, madre de Joan Alexander Moreno Mendoza, expuso que su hijo se dirigía en moto a su escuela secundaria “Tepochcalli”, la mañana de enero del año pasado, cuando fue alcanzado por el camión de carga en la calle José María Morelos a la altura de la calle Emiliano Zapata en la colonia Ejido de San Francisco Tepojaco, Cuautitlán Izcalli.

“Fueron segundos en que el camión se incorporó a la vialidad y alcanzó a Joan. Tira a mi hijo, lo arrastró con la motocicleta, le pasó las llantas por encima de su pierna y se la deshizo; el conductor y su acompañante se dieron a la fuga y dejaron a mí hijo tirado, desangrándose”, narró Mendoza López, vecina de Nicolás Romero y que sostiene a su familia realizando labores de limpieza en casas de particulares del municipio donde reside.

Desde ese 12 de enero del 2022, Lucía Mendoza ha vivido un peregrinar en distintas áreas y oficinas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en una suma de omisiones por parte del personal de las Fiscalías de Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli que estuvieron a cargo de las investigaciones.

Desde el inicio, agentes ministeriales no realizaron el acopio de pruebas para integrar la carpeta de investigación, se abstuvieron de visitar el lugar de los hechos, incluso el comandante del grupo de la Policía de Investigación de la Fiscalía pidió a Lucía fuera a conseguir los vídeos y el número de las placas de las cámaras de vigilancia del C5 y C4 del lugar y día de los hechos.

Durante más de año y medio hubo apatía y negligencia en la integración de la carpeta de investigación TlA/ATI/01/MPI/443/0008222/01, plantea la madre de familia, quien a la par de que su hijo estaba internado, trató de allegar pruebas del caso de su hijo pues así se lo pidió en el agente del Ministerio Público.

“Mamá ese fue el camión que me atropelló”, dijo Joan Alexander a Lucía cuando nueve meses después ambos por su cuenta, localizaron el camión que arrolló al menor. De esta forma se logró ubicar al conductor de la unidad identificado como Luis “N” y a su acompañante.

La audiencia inicial del caso se realizó el 4 de julio de este año, y “la juez no quiso vincular a proceso porque dijo que no había elementos para iniciar el juicio”, comentó Lucía. Dijo que, para la juez, las pruebas no fueron contundentes porque la madre de familia aportó parte de las mismas.

“Yo insisto, que hubo un delito. Atropellaron a mi hijo, los responsables omiten auxiliarlo, incluso uno de ellos lo pateo, se dan a la fuga, mi Joan perdió una pierna y me dicen que ¿no hay delito? Estoy muy indignada, exijo que se revise el expediente desde el principio. O falló el Ministerio Público o es falla de la Jueza. Alguien tiene que hacerse responsable de esto”, planteó Lucía, quien no logra contener el llanto.

Joan lucha para salir adelante

Joan ahora tiene 16 años. Es estudiante de preparatoria. Anhela estudiar criminología para ser perito. Sabe boxear, natación y cada día lucha por superar ese momento que le cambió la vida, cuando quedó tirado en el pavimento desangrándose. Ahora se desplaza en silla de ruedas y se auxilia con unas muletas, pero se esfuerza con “todo el amor del mundo”, comentó su madre.

Actualmente Joan recibe terapia en el Instituto Nacional de Rehabilitación y atención psicológica. Lucía, madre soltera, sabe que una prótesis es muy cara, y con lo que gana apenas le alcanza para financiar los pasajes, alimentación y salir adelante cada día.

En la primera audiencia, el conductor del camión dijo ser pobre y que no tiene dinero ni para dar una indemnización, refirió Lucía. “Ellos no saben lo que hemos pasado, lo que estamos viviendo”. El joven recibió atención médica en el Hospital del Isemym de Tlalnepantla.

Refiere que tan sólo la terapia tiene un costo de 100 mil pesos, y ella debe pagar el 50 por ciento y el resto el Isemym, a ello se suman los gastos de medicamentos, tratamientos psicológicos, traslados a la capital para asistir a las terapias físicas.

Lucía comenta que ha viajado a Toluca para solicitar una audiencia con el titular de la FGJEM, José Luis Cervantes Martínez; con el presidente de la Suprema Corte de Justicia mexiquense, Ricardo Sodi Cuellar, pero las puertas se le han cerrado.

“Yo le pido a la gobernadora Delfina Gómez, volteé y nos vea. Ella dijo que con la Cuarta Transformación primero las madres, los niños, primero los pobres”, insiste la madre jefa de familia.