No es novedad, porque el más reciente capítulo de la casta, que no el último, da cuenta de lo anterior, en el entendido de que a cada intento de equilibrar la balanza –impunemente cargada a su lado–, el grupúsculo que la conforma arma tremendo escándalo, siempre con la destartalada bandera del estado de derecho.

¿Qué es lo más reciente? La Jornada (Dora Villanueva) nos ilustra: los grupos aeroportuarios que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores aseguraron que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) decidió modificar con efecto inmediato, y de manera unilateral, los términos del límite de precios para tarifas aeroportuarias, las cuáles se trasladan a lo que se cobra a los pasajeros por el uso de las instalaciones, el acceso a pistas y otros arrendamientos a aerolíneas.

¿Y dónde quedó el estado de derecho? Pues bien, resulta que la modificación de las tarifas está prevista en el título de concesión de las terminales aeroportuarias desde hace 25 años, es decir, cambiaron con base en los términos acordados por la misma casta que hoy se retuerce: en 1998, su querido empleado Ernesto Zedillo privatizó los aeropuertos para aumentar sus beneficios y sin chistar aceptaron los términos, siempre pensando que ellos sólo formaban parte del teatro privatizador.

La misma información detalla: las modificaciones decididas por la AFAC van sobre las bases de regulación tarifaria establecidas en el anexo 7 de los contratos de concesión celebrados entre los concesionarios y la SICT en junio de 1998. Cualquier cambio en la fórmula que establece este tope de precios se basa en el plan maestro de desarrollo de las aerolíneas, que se revisa de manera quinquenal. Así, la SICT puede hacer ajustes extraordinarios de tarifas máximas, de manera unilateral, sin esperar el final del periodo de cinco años.

Tres grupos privados controlan 36 aeropuertos (Del Centro Norte, Oma, con 14 de ellos; Del sureste, Asur, con nueve; y del Pacífico, GAP, con 13) y ahora brincan porque la autoridad modificó las tarifas (aunque firmaron el anexo 7), lo que repercutió en el mundillo altamente especulativo en el que esos corporativos se mueven y del que obtienen pingües ganancias, independientemente de las directamente logradas por la actividad motivo de sus concesiones.

Los 36 aeropuertos fueron entregados a la casta divina, que gozó de todo tipo de atenciones y facilidades de los gobiernos neoliberales, amén de que en cada uno de ellos cuando menos participa un ex funcionario de alto nivel, casualmente del gobierno zedillista que privatizó los aeropuertos.

En OMA aparece como presidente Diego Quintana Kawage y junto a él (de forma independiente, desde luego) Martín Werner Wainfeld, subsecretario de Hacienda con Ernesto Zedillo. Asur es presidido por Fernando Chico Pardo (ex socio de Carlos Slim) y con él comparten el pan y la sal la hija, Bárbara, de Eugenio Garza Lagüera y uno de sus empleados, Ricardo Guajardo, ex cabeza visible de Bancomer. Sin embargo, destaca la presencia (también independiente) de Guillermo Ortiz Martínez, principal operador salinista de las privatizaciones y del rescate bancario (Fobaproa), secretario de Hacienda con Zedillo y gobernador del Banco de México propuesto… por Zedillo.

Y GAP es presidido por Laura Díez Barroso Azcárraga (de la familia Televisa y presidenta del Grupo Financiero Santander México), y a su lado el impresentable Luis Téllez (otro independiente), secretario zedillista de Energía y calderonista de Comunicaciones y Transportes.

La casta ha hecho y deshecho, pero ahora se retuerce porque el gobierno lleva a la práctica lo que ella misma, sonriente, firmó 25 años atrás.

Las rebanadas del pastel

Con la novedad de que el primer tribunal colegiado en materia penal invalidó la sentencia de Mario Aburto, por lo que podría salir de prisión en marzo de 2024. A ver si, ya libre, cuenta lo que realmente sucedió aquel 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas.

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