Ciudad de México. El sacerdote católico Álvaro Toledo, párroco de una iglesia del norte de Nicaragua, fue detenido por la policía con lo que ascendió a 12 la cifra de religiosos arrestados en los últimos meses en el país, informaron el viernes voceros de la Iglesia.

La detención del religioso ocurre en medio de una fuerte tensión entre el gobierno de Daniel Ortega y la Iglesia católica, a la que acusa de haber participado en un “fallido golpe de Estado” en alusión a las protestas sociales que estallaron en abril de 2018.

La Diócesis de Estelí, un departamento ubicado a 160 kilómetros al norte de Managua, informó a través de su emisora Radio Stereo Fe que el arresto del padre Toledo se produjo en la noche del jueves pocas horas después de que se refiriera en una misa a la detención de otros religiosos de la zona.

“Lamentamos comunicar una triste noticia… la policía ha llegado a casa cural y se han llevado a nuestro párroco Álvaro Toledo”, indicó la radioemisora católica en su página de Facebook.

La policía nicaragüense no ha confirmado ni desmentido de momento esa información.

Toledo, quien además es párroco de la iglesia Nuestra Señora de La Asunción de la ciudad de Ocotal, en el vecino departamento de Nueva Segovia, había dicho en la homilía que su diócesis “se está quedando sin sacerdotes” por las frecuentes detenciones policiales, según se observa en un video de la misa que circula en las redes sociales.

En esa misma ceremonia el sacerdote comentó que también había rumores sobre su propio arresto. “Ya sabemos que en cualquier momento nos puede tocar, pero tenemos la paz y la conciencia tranquila”, agregó.

Toledo anunció que el vicario de Estelí, Leonardo Guevara, retenido por orden policial en el Seminario de Managua desde hace cuatro meses, había sido liberado y que en el sitio aún siguen recluidos los curas Iván Centeno y Julio Norori, de las diócesis de Estelí y Jinotega. “Perdemos dos, nos regresan uno”, comentó el cura en la misma transmisión.

Guevara estuvo bajo investigación del gobierno sandinista por supuesto lavado de dinero junto a otras figuras de la Iglesia, según anunció en su momento la policía, que no ha vuelto a informar sobre el caso.

“Sin sacerdotes un pueblo espiritualmente está muerto. Que Dios bendiga a Nicaragua”, dijo el padre Toledo desde el púlpito horas antes de ser arrestado.

La abogada Martha Patricia Molina, que ha investigado las acciones del gobierno contra personajes de la Iglesia católica, dijo a The Associated Press que con la detención de Toledo suman 12 los religiosos bajo arresto, incluido el obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel por “conspiración” después de negarse a ser deportado a Estados Unidos, según confirmó el propio Ortega en febrero.

Molina presentó el jueves una actualización de su informe “Nicaragua, ¿una Iglesia perseguida?”, en la cual reveló que 151 religiosos (83 monjas y 68 sacerdotes, diáconos y seminaristas) han sido forzados a abandonar Nicaragua desde las protestas de 2018.

Varios de ellos, según la investigadora, fueron víctimas de “expulsiones injustificadas y arbitrarias”, sin explicación previa de las autoridades. Además, 14 sacerdotes, dos obispos, un diácono y dos seminaristas fueron despojados de su nacionalidad nicaragüense.

Molina indicó que desde 2018 han ocurrido 667 ataques de diversa índole contra la Iglesia católica, como destrucción de instalaciones, disparos con armas de fuego, explosivos, saqueos, incendios, prohibición de actividades religiosas, confiscación de bienes e inmovilización de cuentas bancarias.

También la Iglesia evangélica, cuyos líderes son en su mayoría cercanos al gobierno, ha recibido al menos 70 agresiones, incluyendo la confiscación de siete edificios y el cierre de ocho radioemisoras y universidades. “De las embestidas no se ha escapado nadie”, sostuvo la abogada.

Nicaragua vive una grave crisis social y política desde la rebelión que estalló en abril de 2018 y que fue reprimida con violencia por policías y paramilitares con un saldo de 355 muertos, más de 2 mil heridos y al menos 100 mil exiliados durante ese año, según organizaciones de derechos humanos.

La crisis se vio agudizada durante la campaña electoral de 2021, cuando Ortega encarceló a sus principales rivales políticos y se reeligió para un cuarto mandato consecutivo, el segundo junto a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta.