El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que una de las empresas propietarias de los hospitales concesionados en sexenios anteriores ya accedió a venderlos al gobierno federal y poner fin a los contratos de arrendamiento de las instalaciones. Asimismo, expresó su confianza en que los dueños de los nosocomios restantes acepten la oferta de adquisición, basada en un avalúo profesional del precio de los edificios y su equipamiento.
Los nueve hospitales en cuestión fueron construidos bajo el esquema de asociación público-privada promovido a partir del sexenio de Vicente Fox, en cuyo periodo se edificó el primero de ellos. Le siguieron otros dos bajo Felipe Calderón y la cifra se disparó a seis con Enrique Peña Nieto. Como ha denunciado el presidente López Obrador, este formato en que los particulares realizan las obras y luego las arriendan a las instituciones de salud es poco menos que un asalto en despoblado contra la nación: mientras el costo de construir y equipar estos centros sanitarios es de apenas 4 mil millones de pesos, los contratos de arrendamiento signados por los mandatarios referidos ascienden a 93 mil millones de pesos. Es decir, que Fox, Calderón y Peña otorgaron a un puñado de empresarios negocios con una ganancia de 2 mil 300 por ciento a costa de los impuestos de todos los mexicanos.
Estos sanatorios condensan el paradigma neoliberal, pues suponen una transferencia masiva de recursos públicos a manos privadas, en la que se ven favorecidos empresarios cercanos a los gobernantes en turno, bajo evidentes conflictos de intereses, con sobreprecios injustificables, y todo ello protegido por contratos que el Estado no puede rescindir sin arriesgarse a enfrentar litigios interminables y potencialmente más onerosos que las obras mismas.
Si el orden jurídico urdido por el neoliberalismo está diseñado de manera expresa para obstaculizar la reversión de este saqueo legalizado, el alineamiento actual de las instancias judiciales en contra de los intereses nacionales y a favor de la oligarquía beneficiaria de contratos inmorales vuelve poco transitable el camino de los tribunales para poner fin al atropello. En este contexto, cabe saludar que las autoridades hayan logrado acuerdos con una de las empresas involucradas, así como hacer votos por que el resto se plieguen al ofrecimiento del gobierno federal. Debe remarcarse que tal operación no supone una expropiación ni un embate contra la certidumbre de la propiedad privada, pues todas las corporaciones han recuperado con creces su inversión y recibirán, por añadidura, un pago adicional para rescindir el vínculo de modo voluntario.
Incluso si se concreta el desenlace positivo impulsado por el presidente López Obrador, este caso ha de convertirse en un recordatorio perenne del significado del neoliberalismo y de los enormes daños sociales que acarrea esta ideología del egoísmo, la elevación del lucro a única guía para la actividad humana y la deificación de los poseedores de grandes capitales, a quienes se considera merecedores de todas las facilidades para ampliar sus fortunas al mismo tiempo que inimputables por los perjuicios que dejan a su paso. Es indignante pensar en cuántos hospitales pudieron haberse edificado y cuánto personal sanitario pudo haberse contratado con el dinero que se ha pagado puntualmente a un grupo de potentados. Si algo positivo puede quedar de este desastre, es el aprendizaje de que nunca más debe permitirse que las ambiciones corporativas normen las políticas públicas
