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Denuncian disminución de presupuesto para áreas naturales protegidas

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Valle de Tehuacán-Cuicatlán en imagen de archivo. Foto Cuartoscuro
04 de octubre de 2023 15:00

Ciudad de México. Para 2024 se prevé que las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) dispongan de 10.7 pesos por hectárea para su manejo y conservación, mientras en 2016, el año que tuvieron más recursos, fueron 26.5 pesos por hectárea. En términos reales, durante la actual administración se les ha asignado 40.8 por ciento, 5 mil millones de pesos, menos que en la administración pasada.

Esto señala un análisis de la coalición Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA), coalición de organizaciones ambientalistas, al advertir que la reducción del 11.4 por ciento (9 mil millones de pesos) al presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), planteada en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), afecta más a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) que a otros organismos integrados en la dependencia.

Los datos hablan de un panorama desalentador para las áreas naturales protegidas en México, señala el reporte, ya que la Conanp tiene asignado en el PPEF 2024 una bolsa de 984 millones de pesos, lo que significaría un incremento real del 0.9 por ciento (8.5 millones de pesos) en relación con lo aprobado en el PEF 2023.

Agrega que hay menos recursos y se han asignado 18 nuevas áreas naturales protegidas, por lo que ahora hay 203 en alrededor de 91 millones de hectáreas, las cuales necesidan recursos para cubrir los costos del personal administrativo y de campo, mobiliario y equipo, así como de tareas de monitoreo biológico, investigación, inspección y vigilancia.

Si bien la Conanp ha asegurado que los recursos para las ANP se complementarán con mecanismos como el cobro de derechos, se desconocen los mecanismos para que la Secretaría de Hacienda reintegre esos recursos.

Otro dato igualmente preocupante es el escaso aumento de apenas 8 por ciento (896 millones de pesos) para la Profepa, “insuficiente para cumplir con la procuración de justicia ambiental, como lo establecen las leyes vigentes en el país”.

 

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