Chilpancingo, Gro. El Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio en contra de la Minería y de la Reserva de la Biósfera (CRAADET), denunció “el inconsistente, deleznable y arbitrario marco de actuación por parte de la Procuraduría Agraria (PA); del Registro Agrario Nacional (RAN); y del Tribunal Unitario Agrario (TUA), por violentar sistemáticamente nuestros derechos agrarios, así como desconocer y quebrantar nuestros derechos indígenas, afromexicanos, de las y los campesinos”.
Exigimos respeto “y no estorben en la defensa del territorio que ni ellos ni otras instancias hacen en favor de nosotros. Basta de que el procurador agrario, Luis Hernández Palacios culpe a los gobiernos anteriores de neoliberalismo, la migración y el envejecimiento de los ejidatarios, que ocasionan según él, las asambleas sean muy débiles, así como también exista falta de gobernanza por culpa del crimen organizado”.
Es su institución “quien atenta directamente contra nuestra libre determinación y autonomía al negar el registro e inscripción de nuestros actos que evidentemente nos deja en vulnerabilidad jurídica ante terceros, porque este gobierno tampoco ha terminado con el neoliberalismo, ni la migración, ni menos aún la criminalidad”.
Mediante un comunicado de prensa el CRAADET, que aglutina a pueblos indígenas, campesinos, y afrodescendientes de la región Montaña-Costa Chica de Guerrero, afirmó los pueblos reaccionan porque se rechaza y niegan los acuerdos “determinados conforme al derecho nacional e internacional, los cuales hacemos valer en nuestras actas de asamblea, que el RAN rechaza registrarlas cuando de forma unánime nos oponemos al modelo extractivo minero”.
Violenta el esfuerzo realizado “al reformar y actualizar nuestros reglamentos internos en el caso de los ejidos y nuestros estatutos comunales en el caso de los bienes comunales, en donde incorporamos de manera amplia todo el marco de los derechos que tenemos vigentes y que de forma cínica niega el RAN”.
Cuando el RAN niega el registro de las actas, reglamentos internos o estatutos comunales “de facto no sólo facilita las condiciones para el potencial ingreso de empresas nacionales, extrajeras y transnacionales como las empresas mineras y otras relacionadas al modelo extractivo como las desarrolladoras de medicamentos que desean nuestra biodiversidad”.
También viola “el derecho al ejercicio de nuestra libre determinación y de nuestros procesos autónomos que han sido signados y están descritos tanto en la constitución, como en la misma ley agraria y varios tratados internacionales los cuales, en teoría, el gobierno de México está obligado a cumplir”.
Persisten “sentencias sin implementar, actas y reglamentos o estatutos rechazados, carentes de contacto político con el procurador, son intentonas permanentes del gobierno para que dejemos de vernos de forma colectiva y pasemos a mirarnos como pequeños propietarios”.
Hacemos público nuestro enojo “estamos lejos de las esperanzas que este gobierno prometió venían cambios verdaderos para las y los indígenas, afrodescendientes y campesinos de México, gobierno que manifestó una y otra vez lo letal del artículo 27 constitucional que desde el gobierno de Salinas de Gortari se modificó para poner al mejor postor la riqueza natural en la que vivimos y entregáramos la tierra al mercado y abandonáramos la forma de vivir en colectivo”.
Nada de esos cambios verdaderos sucedieron “y para colmo tenemos que venir a pelearnos con 3 directivos e instituciones que han fallado a su misión y objetivos para la que fueron creados. Hoy venimos a entregar un nuevo paquete de actas, reglamentos y estatutos de varios núcleos agrarios, que básicamente está orientado a protegernos del mercado depredador de las empresas mineras, así como también de quienes quieren nuestros bosques, nuestra biodiversidad y nuestra agua”.
Advierten que si los titulares del PA, del RAN y los jueces y Magistrados “siguen obstruyendo la procuración de justicia, la promoción de la defensa del territorio, y continúan tratando de imponernos una visión que no compartimos, solicitaremos la renuncia de todos ellos, y dejen ser artífices del despojo de la tierra y nuestros cultivos, el territorio y los bienes naturales que tenemos”.
Mencionan que ha pasado un año sin que el RAN resuelva el estatuto comunal de San Miguel del Progreso, “ellos entregaron el primer estatuto en el idioma Me´phaa, y, a pesar de que el procedimiento dice que en 90 días entregarían la resolución, esta sigue empantanada”.
