Ante lo que llamaron “proliferación de noticias, comentarios y opiniones” sobre la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en 2014 en Iguala, Guerrero, los ex integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Angela Buitrago Ruiz y Carlos Martín Beristain, subrayaron que sus seis informes sobre el caso “no muestran opiniones, sino hechos probados y cuentan con todas las fuentes en las que nos basamos”.

La verdad “no se declara, se prueba, y todas las afirmaciones que incluyen nuestros informes tienen sustento probatorio”, aseguraron.

Por ello, conminaron a autoridades, medios de comunicación y a académicos “a analizarlos y responder a los hallazgos no con opiniones o descalificaciones, sino con el rigor que requiere la verdad”.

En una nota aclaratoria difundida hoy, pidieron también que las autoridades escuchen a las víctimas, ellas “tienen voz propia... No es hora de confusión y ruido. La verdad se empeña porque hay quien la empuja como lo hacen las familias, y seguirá saliendo, ya sea como una bocanada de aire fresco que México necesita o surgiendo entre las rendijas”.

Aseveraron que en los seis informes que presentaron durante su trabajo en México documentaron toda su labor, “avances en la investigación, revelaciones de nuevas verdades ocultas, y propuesto líneas de investigación que han hecho avanzar el caso. No hemos permitido en ningún momento la politización de nuestro trabajo, a pesar de las presiones que recibimos”.

“Desde el inicio dijimos que Ayotzinapa era no solo una herida en los familiares sino para el país”, expresaron.

Respecto a los documentos “clave” sobre el caso que se han solicitado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y que los expertos aseguran que les ha sido negada -lo que llevó a que terminaran su mandato en México-, Buitrago y Beristain expusieron que las respuestas dadas respecto a que el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) de Iguala no existía, que dependía del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), “que no realizaban interceptaciones telefónicas cuando los documentos muestran parcialmente los textos de las mismas, que desconocen quienes las realizaron, y otras respuestas que se nos dieron, simplemente no responden a la verdad”.

Las pruebas, afirmaron, “están a disposición de las autoridades, que además las conocieron de antemano y están publicadas en el informe Ayotzinapa VI.

Asimismo, refirieron que cuando presentaron el primer informe que mostraba la falsedad de la llamada “verdad histórica”, construida en la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto, “en la propia Escuela de Ayotzinapa, los familiares nos dijeron: se nos ha quitado de encima el peso de la mentira”.

En este sentido, enfatizaron que no regresaron al país en 2020, luego de la campaña negra que sufrieron auspiciada por las propias autoridades del Estado, “por nuestra voluntad sino por petición de las autoridades y familias, bajo el mandato de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos). Hemos dado cuenta de todos los avances y obstáculos. Nuestro compromiso es con la verdad, que es lo que las madres y padres de Ayotzinapa requieren y demandan con su dignidad. Todo el país ha sido testigo de ello en estos años”.

Si bien reconocieron que durante su trabajo en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador lograron el acceso a nuevos testigos e informaciones de archivos que han ayudado a avanzar en el esclarecimiento de los hechos, en el último año, los obstáculos “llevaron a la salida del fiscal del caso y la bajada de órdenes de captura ya concedidas por un juez”, entre ellas de militares presuntamente relacionados con la desaparición de los jóvenes.

“Posteriormente, y a pesar de un escenario adverso, el trabajo del GIEI ha llevado a que se retomen dichas órdenes al menos parcialmente en los últimos meses, mostrando la evidencia existente en el expediente, así como a documentar los casos contra Tomás Zerón (ex titular de la Agencia de Investigación Criminal) o Murillo Karam (ex procurador general de la República) y otros cargos de la PGR. Hemos entregado a la nueva Fiscalía seis documentos con cerca de 90 propuestas de investigación, diligencias y acciones para esclarecer el caso, muchas de ellas aún pendientes”, apuntaron.