Pese a los avances en materia legal, normativa y presupuestal, en el país persiste “una situación generalizada de desapariciones” y una “impunidad casi absoluta” en los casos, aseveró el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas. Ante ello pidió al Estado mexicano adoptar e implementar “urgentemente” una política nacional e integral de prevención y erradicación de este flagelo.

Tras el diálogo que sostuvo con la delegación del Estado durante su 25ª periodo de sesión, el 13, 14 y 15 de septiembre pasado, manifestó también su preocupación por el proceso de actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) que se lleva a cabo por iniciativa de la Presidencia, “el cual no cumple con los criterios establecidos en el Protocolo Homologado de Búsqueda y en estándares internacionales aplicables a la materia para este tipo de actividad”.

En su informe de seguimiento a las recomendaciones que emitió en abril del 2022 -después de su visita a México en noviembre del 2021-, aseveró que la actualización no está siendo ejecutada “por las autoridades competentes en materia de búsqueda sino por otras instancias; no cuenta con una metodología clara y transparente y mecanismos que permitan la participación de los familiares de las personas desaparecidas, y en cuya implementación se han denunciado actos de revictimización, incluyendo señalamientos contra los familiares de ocultar el paradero de sus seres queridos”.

Además, “preocupa la seguridad de la información contenida en el RNPDNO y el acceso al código fuente.

En este sentido, pidió al Estado asegurar la transparencia de la metodología utilizada para la actualización del registro, “garantizando la fiabilidad de los datos recopilados, y que el proceso sea coordinado por la Comisión Nacional de Búsqueda, con independencia e imparcialidad”.

El Estado “también debe establecer mecanismos que garanticen la participación de los colectivos de víctimas, medidas para evitar su revictimización y medidas para proteger la seguridad de la información contenida en el Registro”, expuso.

En el documento difundido hoy, el Comité igualmente se refirió a la Comisión para el Acceso a la Verdad sobre la guerra sucia y manifestó su preocupación por la renuncia de los tres miembros del Comité de Impulso a la Justicia y la falta de recursos necesarios para su operación.

Señaló el “limitado” acceso a los archivos de las fuerzas militares en donde el equipo de investigadores ha realizado trabajo de campo y búsquedas, así como las dificultades para el análisis pericial de la documentación recuperada de dichos archivos, al igual que la “ausencia de colaboración de la Fiscalía General de la República y las fiscalías locales con la Comisión para el Acceso a la Verdad.

Por ello, pidió que se fortalezca la citada comisión, “garantizando su independencia y que cuente con los recursos humanos, financieros, y técnicos necesarios para cumplir con su mandato”.

Por otra parte, también los expertos de la ONU se refirieron a la participación del Ejército en tareas de seguridad pública. Aunque saludaron la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró la inconstitucionalidad de la reforma legislativa que transfería la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, expresaron su preocupación por la publicación del Decreto de noviembre de 2022 que extiende la participación de las Fuerzas Armadas en estas labores hasta 2028, así como la falta de controles civiles eficaces que regulen o supervisen su actuación.

Debido a ello, reiteraron su exhorto al Estado a fortalecer a las fuerzas civiles del orden y establecer un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública, con plazos determinados y acciones específicas.

El Comité expresó igualmente su preocupación por la investigación inadecuada del alarmante número de desapariciones, con su consecuente bajo número de condenas y una "impunidad casi absoluta".

Instó al Estado parte a garantizar la investigación inmediata, imparcial y exhaustiva de las denuncias de desapariciones forzadas, pero también de las desapariciones cometidas por personas o grupos que actúan sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado. También pidió a México actuar con la debida diligencia en todas las etapas del proceso, perseguir y sancionar a los responsables con las penas adecuadas.

Respecto a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), manifestó su preocupación sobre la falta de un titular y la ausencia de Consejos Ciudadanos de Búsqueda en 19 Estados. "El insuficiente presupuesto de las instituciones a cargo de la búsqueda, en particular, las Comisiones Locales de Búsqueda, pese al otorgamiento de subsidios federales, así como el insuficiente número de personal, la inestabilidad laboral, la limitada capacidad operativa y de recursos técnicos y de seguridad en las instituciones a cargo de la búsqueda".